Este año disponemos al fin de algo novedoso y es la publicación por parte del Ministerio de Transición Ecológica del documento “Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019 – 2024” donde, entre otras cosas, se define por primera vez de manera oficial en España la pobreza energética y se define como: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
En él se reconoce que “el objetivo de la política energética es conseguir un nuevo modelo energético sostenible y totalmente descarbonizado, dirigido al consumidor y en el que se configure el acceso a la energía como un derecho del ciudadano. La estrategia integra las políticas públicas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho de todos los ciudadanos a la energía”, haciendo referencia a que el objetivo nº 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es “asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”.
Así, se ponen sobre la mesa cuatro ejes principales:
Primer eje: trataría sobre la mejora del conocimiento de la situación y el establecimiento de los indicadores a monitorizar para su seguimiento.
Segundo eje: trataría de las mejoras de respuesta, con el anuncio de unas nuevas condiciones del bono social y el establecimiento de un suministro mínimo vital.
Tercer eje: se propone un cambio estructural, implicando en su participación a otros organismos del Estado como el Ministerio de Fomento, el IDAE y, por supuesto, cada una de las CCAA, ante la evidencia de que la eficiencia energética es una de las soluciones de primer orden.
Cuarto eje: en relación a las medidas de protección de los consumidores y de concienciación social, a través de la formación y divulgación de la información.
No podemos obviar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las malas condiciones de habitabilidad de nuestras viviendas influyen directamente en nuestra salud. En una sociedad democrática y moderna no podemos permitir que se generen desigualdades con respecto a salud y esperanza de vida debido a nuestra posición social y/o económica.
Una opción para trabajar contra la pobreza energética la podemos encontrar en el “modelo portugués”, mencionado en el propio documento de estrategia; esto es, una tarifa social de energía basada en criterios de renta y otras situaciones familiares, de concesión automática, cruzando para ello los datos de las distintas Administraciones implicadas.
La solidaridad y la redistribución de la riqueza son principios fundamentales de nuestra democracia, por ello el suministro energético debería ser declarado un servicio básico esencial y un derecho de todos los ciudadanos.
Asímismo, esperamos que los nuevos términos del bono social permitan remediar la situación en la que a día de hoy se encuentra y es que con la aplicación en enero de 2019 de las nuevas condiciones del bono social se ha conseguido reducir el número de beneficiarios de ésta ayuda, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual, sin que esto signifique que haya menos afectados, ya que los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indican que la pobreza afecta a un 22,3% de la población, es decir, 10.382.000 personas. Asimismo, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE dice que el 21,5% de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas.
Pero además, esperamos que la monitorización de los indicadores permita el seguimiento de toda la población vulnerable, incluyendo a aquellos que por su situación irregular no son alcanzados por las ayudas de nuestras Administraciones Públicas y que los convierten en casi invisibles para nuestra sociedad actual.
Todas estas reivindicaciones y algunas más serán expuestas el próximo viernes 21 de febrero a las 18:00 h, frente al Congreso de los Diputados, junto a otros colectivos como FridaysforFuture, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amigos de la Tierra y otros muchos colectivos sociales y ecologistas más. En éste enlace puedes leer el manifiesto que se ha consensuado y al que nos adherimos.
CECU
Febrero 2019
