Nueva estrategia contra la pobreza energética: CECU valora los avances, pero lamenta la dilación de las medidas estructurales

• La organización celebra la publicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 y analiza las medidas que se han incluido y las que no, que afectan directamente a las personas consumidoras 

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU asistió ayer a la Mesa Social de Pobreza Energética, convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ella se presentó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026 – 2030, que se publicó ayer tras más de un año de retraso.  

Durante este periodo, CECU ha formado parte activa en los procesos de participación abiertos para la actualización de la estrategia, en los que ha trasladado sus propuestas para un abordaje efectivo de la pobreza energética en España y algunas de ellas han sido tenidas en cuenta para esta nueva estrategia. Sin embargo, la automatización de la concesión del bono social, una de las principales medidas reclamadas por la organización, no ha sido incorporada en el texto, aunque el ministerio asegura que avanza hacia ese objetivo, trabajando a nivel normativo para adaptar el bono social eléctrico a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos. 

 “Nos alegramos de que el ministerio tenga en cuenta nuestras demandas y haya incorporado algunas de las propuestas en el texto. Creemos que la estrategia progresa en la dirección correcta, pero lamentamos que medidas como la automatización del bono social, tan importantes para garantizar que las ayudas lleguen a quienes de verdad lo necesitan, avancen de manera tan lenta”, valora Soledad Montero, experta en energía de CECU. 

Sobre la tarifa social, otra de las propuestas principales de CECU, Montero declara que “ni se menciona ni se la espera, por ahora”. Esta tarifa superaría el concepto de descuento por bono social y aplicaría directamente un precio proporcional al nivel de ingresos de la persona beneficiaria. “Lamentablemente, estamos aún muy lejos de conseguir esta medida. Como sabemos, las políticas del mercado único europeo se dirigen hacia la libre competencia, y una tarifa social o incluso la tarifa PVPC se considera intervención del Estado, cuando es una protección al consumidor frente a abusos y malas prácticas comerciales de las compañías”, añade. 

Cuatro medidas clave que ya están en marcha 

De los cuatro ejes que incluye la estrategia, el segundo está dedicado exclusivamente a la protección de las personas consumidoras, por medio de cuatro medidas que ya se han incluido en el recientemente aprobado nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. 

1. Protección frente a cortes de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes. El nuevo reglamento, en su artículo 53, recoge la imposibilidad de corte a los suministros declarados esenciales y reconoce a las comunidades autónomas y entidades locales su competencia para declarar como esenciales a los hogares en situación de vulnerabilidad severa, por motivos de renta u otras circunstancias especiales. “Tiene sentido que sean las comunidades autónomas quienes asuman esta responsabilidad, ya que las competencias están transferidas, por lo que será más eficaz. Además, REE, como gestor de la red de transporte deberá enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la información del número de cortes de suministro y las razones trimestralmente, lo que permitirá evaluar mejor las situaciones de pobreza energética en España”, explica Soledad Montero. 
2. Protección frente a refacturaciones imprevistas por errores de lectura. Si el error es a favor del cliente, la empresa deberá devolver las cantidades indebidamente facturadas en la siguiente factura, aplicando los intereses correspondientes más un 1,5%. Si es a favor de la comercializadora, el importe se prorrateará en tantos meses como los transcurridos desde el error, y con un tope de un año.
3. Protección frente a la contratación abusiva. La norma refuerza los derechos de las personas consumidoras en varios aspectos clave: 

• • Cualquier cambio en las condiciones del contrato o nueva contratación se deberá comunicar al consumidor por escrito de manera clara, junto a una tabla comparativa de los precios antes y después del cambio. 
  • Las penalizaciones por finalización de contrato anticipadamente serán, como máximo, del 5% de la energía pendiente de facturar. 
  • Si un consumidor con bono social quiere cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador deberá recabar su consentimiento expreso por escrito, además de presentarle la comparativa entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio. Para que puedan comprobarse estas renuncias, se informará mensualmente de ellas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

4. Protección de la cobertura del bono social. Conscientes de que el bono social no está cubriendo a todas las familias que lo necesitan, la estrategia avanza hacia ese objetivo trabajando en las normativas necesarias para ello. 

Soledad Montero: «Estaremos muy atentos al avance de estas normativas. Son necesarias medidas estructurales profundas y definitivas si queremos acabar con el problema de la pobreza energética. El resto solo alivia algunas situaciones y mantiene el lucro indecente de las grandes compañías energéticas».  

Por último, se trasladó también la intención de crear una web donde se recoja toda la información y los datos relativos a la pobreza energética, que facilite a los consumidores conocer los recursos a su alcance en sus respectivas comunidades autónomas.