- El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley para la gobernanza de la inteligencia artificial, con el que España adaptará el Reglamento europeo de IA, mientras CECU reclama más garantías para las personas consumidoras y mayor transparencia sobre los sistemas utilizados.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU valora positivamente la aprobación por parte del Gobierno del proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, destinada a adaptar al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de IA (AI Act).
La federación considera positivos algunos elementos anunciados, como la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en el sector público o el establecimiento de un régimen sancionador específico y proporcional.
No obstante, y a la espera de conocer el texto articulado completo, CECU señala que la información difundida hasta el momento no permite constatar la incorporación de varias propuestas clave trasladadas por la sociedad civil durante el proceso de audiencia pública, tanto por la organización como por la coalición IA Ciudadana.
Los puntos clave solicitados por las organizaciones fueron:
1. Participación de la sociedad civil en la gobernanza: en concreto, se pidió la más amplia representación de la sociedad civil en los órganos de gobernanza de la IA.
2. Registro central de algoritmos: se propuso la creación de un registro público, central y obligatorio de todos los sistemas algorítmicos utilizados por las Administraciones Públicas, con información detallada sobre su funcionamiento, finalidad e impacto.
3. Prohibición de la biometría en tiempo real para actores privados: que la prohibición del reconocimiento biométrico remoto en tiempo real en espacios públicos se extendiera también a actores privados.
4. Definición ampliada de sistema de IA: las organizaciones alertaron sobre las lagunas que genera adoptar sin más la definición técnica del Reglamento europeo, que puede dejar fuera sistemas basados en reglas con impacto real sobre derechos fundamentales.
5. Prescripción desde el conocimiento de la infracción: se solicitó que el plazo de prescripción de las infracciones comenzara a contarse desde que la persona afectada conociera la infracción, y no desde que se cometió, dado que la opacidad de los sistemas de IA puede impedir que las personas sean conscientes del daño sufrido.
Anabel Arias, responsable de derechos digitales de CECU, sostiene que: “Confiamos en que durante la tramitación parlamentaria puedan incorporarse mejoras fundamentales planteadas por la sociedad civil para garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras frente a los riesgos de la inteligencia artificial. Pero, además, será clave dotar a esta norma de mecanismos de supervisión y ejecución sólidos. Sin una aplicación efectiva, con autoridades capacitadas, recursos suficientes y capacidad sancionadora real, existe el riesgo de que las obligaciones previstas queden en papel mojado”.
Finalmente, CECU pide transparencia inmediata a través de la publicación del texto íntegro del proyecto de ley para evaluar si las alegaciones han sido atendidas.
