La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha enviado sus aportaciones a la consulta pública previa a la elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, que pretende movilizar recursos para la consecución del efectivo derecho de acceso a la vivienda. Para la organización, es clave que este nuevo documento fomente la ampliación del parque público de vivienda social destinadas al alquiler asequible, así como la rehabilitación energética del mismo y el aumento de la vigilancia a las prácticas abusivas en el mercado inmobiliario.
El acceso a la vivienda se sitúa ya como la primera preocupación de la población española, según el barómetro del CIS de enero de 2025, debido, entre otros motivos, a los elevados precios tanto de la venta como del alquiler, que se sitúan en máximos históricos. Ante esta situación, es crucial la ampliación del parque público de vivienda social, que actualmente representa solo el 3,3%. Para ello, CECU propone la adquisición de vivienda sin uso y la priorización de esta medida frente a la construcción de nuevas viviendas.
A los elevados precios del mercado inmobiliario se le suman las malas condiciones en las que se encuentran muchas de las viviendas. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el 80% de las viviendas y edificios de España tienen una calificación energética E, F o G, lo que no solo se traduce en una gran cantidad de emisiones de CO2 por parte del sector de la edificación, sino que también agrava la situación de pobreza energética en España y el impacto que tiene tanto en la economía de las familias como en su salud. Así lo refleja el sondeo realizado por CECU, en el que el 36,8% de las personas encuestadas afirmaron que la falta de eficiencia energética de sus viviendas había perjudicado su salud.
Para combatir esta situación, CECU solicita la movilización de fondos a las Comunidades Autónomas que fomenten la rehabilitación de las viviendas de las personas en situación de vulnerabilidad de manera prioritaria. También propone que se establezcan salvaguardas en los planes de ayudas para que las rehabilitaciones con dinero público no favorezcan procesos especulativos; y que se incluyan partidas complementarias para aquellas viviendas que se rehabiliten y se introduzcan en régimen de alquiler asequible.
Prácticas abusivas en alquiler
El cobro de las comisiones de agencia o los seguros de impago a las personas inquilinas sigue siendo una realidad, a pesar de estar prohibido desde la aprobación de la Ley de Vivienda, lo que hace que aumente la carga económica que deben soportar para poder acceder a una vivienda. Frente a ello, CECU considera que el nuevo Plan Estatal debe traer consigo un aumento de la vigilancia por parte de las Comunidades Autónomas para evitar estas y otras prácticas abusivas.
Esto adquiere especial importancia en un mercado que está cada vez más mediado por las empresas inmobiliarias. Así lo muestra un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona: el 34,1% de los contratos de alquiler en Madrid y el 74,8% en Barcelona han estado se han realizado a través de inmobiliarias. Para defender a las consumidoras frente a las empresas en este contexto y representar sus intereses, CECU solicita la participación de los órganos de representación del movimiento de consumidores en la elaboración y seguimiento del plan.
