- CECU denuncia que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética no se actualiza desde 2024 y que el bono social solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de exclusión
- La organización denuncia las desigualdades entre comunidades autónomas en la protección de personas consumidoras en situación de vulnerabilidad severa frente a los cortes de suministros por impago
Mañana arranca la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética y España sigue sin tener una hoja de ruta clara y actualizada para abordar este problema que afecta a gran parte de la población. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU denuncia que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) no se actualiza desde 2024 y la nueva estrategia (2026-2030) sigue sin publicarse. La organización recuerda que, de la anterior ENPE, se implementaron menos del 60% de sus medidas, y que los indicadores de pobreza energética no solo no han mejorado, sino que algunos han empeorado.
Según datos del INE y del Ministerio de Vivienda, en España hay 19,2 millones de viviendas, de las cuales 4.850.359 (el 25,16%) se encuentran en situación de vulnerabilidad, con ingresos netos mensuales inferiores a 1.500 euros. Sin embargo, los beneficiarios del bono social en diciembre de 2025 eran solo 1.725.902 hogares, lo que significa que este recurso solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; y que apenas el 8,98% del conjunto de hogares españoles recibe esta ayuda.
CECU, como miembro de la Red estatal por el Derecho a la Energía que agrupa a 16 organizaciones que trabajan muy de cerca con las situaciones de pobreza energética, lleva años, y especialmente desde la crisis energética de 2022, trasladando propuestas de medidas estructurales para solventar la problemática en todo el Estado:
- Automatización del acceso a ser beneficiario del bono social mientras no se implemente una tarifa social proporcional a su nivel de renta, como ocurre en Portugal.
- Implementación del principio de precaución, como ya se reconoce en la ley catalana, para evitar los cortes de suministro a quienes no pueden afrontar el pago de las facturas.
Soledad Montero, experta en energía de CECU: “Durante el año 2025 hemos participado activamente en el proceso de participación pública de la actualización de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, para el periodo 2026 a 2030, pero seguimos esperando su publicación. Mañana asistiremos a una Mesa Social de Pobreza Energética a la que el MITECO nos ha convocó el viernes, donde esperamos que nos presenten la incorporación de estas demandas”.
Desigualdades territoriales en la protección frente a cortes de suministros
En cuanto a la protección frente a la desconexión de suministros en caso de impago a los hogares en situación de vulnerabilidad, una medida que venía aplicándose desde 2020 como parte del conocido como escudo social, a final de 2025 volvió a debatirse su renovación que, a pesar de la pelea partidista del Congreso, se hizo efectivo por un año más.
Además, el nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, aprobado la semana pasada en el Real Decreto 88/2026, especifica la imposibilidad de corte a los suministros declarados esenciales, e incorpora la posibilidad de que las comunidades autónomas y entidades locales declaren esencial el suministro para beneficiarios del bono social en situación de vulnerabilidad severa, reconocida mediante documento expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas correspondientes.
Sin embargo, los datos del MITECO de diciembre de 2025 revelan grandes desequilibrios territoriales en este sentido. De los 7.760 beneficiarios totales del bono social reconocidos como vulnerables severos en riesgo de exclusión social y que, por lo tanto, están siendo atendidos por los servicios sociales autonómicos o locales y recibiendo el 50% de la factura, 6.310 hogares están en Extremadura, 774 en Galicia, 362 en Andalucía (de los cuales 333 son de Málaga). En la Rioja, Ceuta y Melilla, por ejemplo, no se registra ninguno.
“Es sorprendente que haya comunidades autónomas que no tengan ni un solo hogar reconocido como vulnerable severo. ¿Significa eso que no hay? No. Significa que no se están detectando, no se está atendiendo o no se está declarando. Y eso es una forma de invisibilizar el problema. Pero ¿se está trasladando la responsabilidad de esta atención a la capacidad económica de los servicios sociales correspondientes? ¿hay presupuesto destinado para ello?”, se pregunta Soledad Montero.
«Recordemos que la Directiva del mercado de la electricidad de la Unión Europea, que establece la protección ante las desconexiones de forma fija, que reduciría enormemente la incertidumbre de estos hogares, debe ser traspuesta por los distintos Estados miembro antes de junio de este año, Esperemos que esta sea uno de los avances que nos presenten mañana en la reunión con el MITECO”, añade Montero.
