Reducir el precio y reducir la demanda: las propuestas de CECU para la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

• La Federación de Consumidores y Usuarios CECU participa en la consulta pública para la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, cuyo plazo acaba de finalizar 

Para actualizar la Estrategia Nacional contra la pobreza energética, vencida en diciembre de 2024, el Gobierno abrió una consulta pública previa para una nueva estrategia, tal y como anunció la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y reto Demográfico, Sara Aagesen en la reunión que convocó con la Plataforma del Tercer Sector y las asociaciones de consumidores el pasado 16 de enero. El objetivo de esta consulta era recoger propuestas que ayudasen tanto a complementar las 19 medidas ya incluidas en la anterior estrategia, como para identificar nuevos mecanismos para reducir el número de hogares afectados por pobreza energética. 

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha participado en ella con propuestas dirigidas a actuar en dos aspectos fundamentales: reducir el precio al que se paga la energía consumida y reducir la demanda de energía necesaria para cubrir las necesidades específicas de los hogares. 

Soledad Montero, experta en energía de CECU: “Es obligación de nuestras administraciones garantizar la protección e inclusión de toda la ciudadanía. Para ello, es prioritario garantizar el acceso de todas las personas a unos servicios esenciales de calidad y dotar a la nueva estrategia de medidas estructurales y permanentes es clave para asegurar su efectividad”.  

“La energía es un suministro esencial y su precio afecta a todos los sectores de la economía (bienes y servicios). Acabar con la pobreza energética no solo ayudará a reducir el gasto sanitario público que supone la atención de enfermedades relacionadas con la pobreza energética: respiratorias, cardiovasculares, infecciosas o psicológicas; sino también al pleno desarrollo de otros derechos fundamentales. Es una cuestión de justicia social”, añade Montero.  

Propuestas de nuevos mecanismos:  

1. Crear una tarifa especial o tarifa social que recogería de manera más transparente y justa los costes del sistema. Evitaría el concepto de descuento por pobreza y se aplicaría una tarifa que corresponde según el nivel de ingresos de la persona beneficiaria, de la misma forma que los tramos de IRPF.
2. Un mecanismo de identificación de manera automática por nivel de renta y otras circunstancias especiales a las personas consumidoras a quienes les corresponde el bono social (o una nueva tarifa social) y que se aplique sin que el beneficiario tenga la obligación de tramitar una solicitud.  
3. Desarrollar un programa de detección de pobreza energética que los ayuntamientos y administraciones locales deben poner en marcha y proveer de datos.  
4. Compartir datos entre administraciones a través de sistemas informáticos que hagan posible la automatización de la concesión del Bono Social y el cálculo de kWh bonificados, teniendo en cuenta ubicación de la vivienda y calificación energética de la misma, además de los parámetros de composición del hogar, renta y circunstancias especiales. 
5. Coordinación entre los distintos niveles de la administración pública, estatal, comunidades autónomas y locales para una solución integral. 
6. Incorporar nuevos indicadores para medir causas y afecciones que se ajusten más a la realidad social y climática de nuestro país. 
7. Programas de ayuda específicos para la descarbonización de hogares vulnerables. 
8. Aumentar los límites de energía consumida sujeta al descuento del bono social eléctrico actualmente vigentes. 
9. Impulsar un Observatorio Nacional de Pobreza Energética a nivel estatal en el que participen diversos actores de diferentes niveles de gobernanza. 

Propuestas de mejora de las herramientas de las que disponemos actualmente: 

1. Automatizar la concesión del bono social para no trasladar la responsabilidad de solucionar su situación de vulnerabilidad a los propios afectados. 
2. Unificar en una sola categoría a vulnerables severos y en riesgo de exclusión social porque son el mismo perfil, con el objetivo de que todas las familias sean atendidas por los servicios sociales correspondientes.   
3. Reforzar los servicios sociales para que se pueda llevar a cabo la labor de atención e identificación necesarias para evitar las actuales situaciones de desprotección de una parte de la población. 
4. Modificar las condiciones de las familias numerosas para ser beneficiarias del bono social incluyendo también criterios de renta. 
5. Implementar el modelo de la ley catalana 24/2015 en base al “principio de precaución” en el procedimiento de corte de suministro por impago a los hogares en situación de vulnerabilidad. 

Aquí puedes ver las aportaciones de CECU a la consulta pública.