Tras más de 25 años de negociaciones, la firma final del acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) tendrá lugar el 17 de enero en Asunción, Paraguay. Dejando atrás múltiples reuniones, tensiones y controversias entre los Estados firmantes, el pasado 9 de enero el Consejo de la Unión Europea daba luz verde al acuerdo.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU advierte que todavía persisten las dudas sobre los efectos reales que este tratado tendrá sobre las consumidoras europeas y por ello exige más explicaciones al Gobierno.
Emily Riesco, responsable de comercio de CECU, afirma: “los estándares de sostenibilidad y seguridad alimentaria son muy distintos entre Mercosur y la UE. En este momento no tenemos suficiente información sobre posibles garantías adicionales que se hayan podido negociar, y hasta qué punto estas pueden servir para que los consumidores europeos podamos seguir confiando en los alimentos que consumimos”.
A pesar de las protestas de organizaciones agrarias, de personas consumidoras y ecologistas, la UE le ha dado el visto bueno a un acuerdo, con una total falta de transparencia, que puede implicar:
- Aumento de las emisiones de CO2 y de la deforestación, debilitando la aplicación del Reglamento de Deforestación importada de la UE (EUDR), cuya entrada en vigor ya ha sido retrasada para diciembre de 2026.
- Incentivación de importaciones agrícolas y ganaderas a la UE procedentes de los países del Mercosur, producidas bajo unos estándares sanitarios, ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad diferentes, junto con menores costes de producción, con el impacto que esto supondrá para los pequeños y medianos agricultores europeos.
- Ausencia de alineación entre la política comercial y las políticas de acción climática y de sostenibilidad europeas.
Emily Riesco añade: “ante la firma del acuerdo UE-Mercosur, exigimos al Gobierno de España que garantice la protección de las personas consumidoras frente a sus impactos sociales, ambientales y alimentarios. Reclamamos asimismo la aplicación efectiva de cláusulas espejo que aseguren que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal que la producción europea, así como un etiquetado claro que permita conocer su origen y condiciones de producción. El acuerdo no puede traducirse en una pérdida de calidad y seguridad alimentaria ni en un retroceso de los compromisos climáticos, favoreciendo modelos productivos ligados a la deforestación y la vulneración de derechos humanos”.
