- Dos tercios de las zonas con mayores consumos energéticos agrupan también los alquileres más altos y los ingresos más bajos, haciendo inviable la vida en unas condiciones dignas
- El mal estado de las viviendas es una causa más del empobrecimiento de las inquilinas, según el informe impulsado por Ecodes con el apoyo de CECU y el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETCC-CSIC)
Los gastos energéticos de las viviendas menos eficientes pueden suponer casi la mitad del precio de alquiler. Así lo confirma el informe promovido por ECODES y la Federación Española de Consumidores y Usuarios CECU llamado «Estudio de la vulnerabilidad de las viviendas alquiladas por los precios del alquiler y la factura energética en tres ciudades de diferentes zonas climáticas de España: Santander, Madrid y Málaga«, en el que que ha contado con el apoyo técnico del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETCC-CSIC). Este dato pone sobre la mesa el impacto que la falta de eficiencia energética tiene sobre los gastos corrientes asociados a las viviendas.
Entre 2015 y 2022, el precio de los alquileres subió de media un 30% en las áreas metropolitanas españolas. El último barómetro del CIS muestra la creciente preocupación por la vivienda, que ha pasado a ser uno de los tres problemas principales que afecta tanto al Estado español en su conjunto como a la población, y a la juventud en particular.
“Estamos sumamente concienciados sobre cómo el precio del alquiler nos afecta a todas las personas. Sin embargo, somos aún poco conscientes de cuánto nos afecta el mal estado que tiene gran parte de las viviendas que se alquilan en el Estado español”, destaca Javier Tobías, responsable de políticas de rehabilitación de ECODES.
MADRID, MÁLAGA Y SANTANDER: LOS TRES CLIMAS REPRESENTADOS EN EL ESTUDIO
Madrid, Málaga y Santander son las tres ciudades analizadas en este informe que ha estudiado indicadores de precios del alquiler, eficiencia energética de las viviendas y de rentas medias en lugares con climas muy diferentes. De esta intersección se ha comprobado que un 45% de los hogares alquilados en Madrid, un 32% de los de Málaga y un 1% de los de Santander podrían estar dedicando más de un 30% de sus ingresos a sus facturas energéticas y su alquiler agravando la situación de zonas tensionadas.
La prohibición del alquiler de las viviendas menos eficientes es una de las medidas que desde ECODES y CECU reivindican frente a esta situación. Esto es algo que ya se ha aplicado en Francia —donde desde 2023 no es posible alquilar una vivienda que tenga la peor calificación de eficiencia energética, al no considerarse como una “vivienda digna”— y en Bruselas —donde los alquileres quedaban congelados para las viviendas con las tres peores calificaciones de eficiencia energética y se limitaba el aumento de su precio de alquiler para aquellas con una calificación de eficiencia energética media.
“Llevamos años haciendo frente a una barrera a la hora de rehabilitar, y es que los propietarios no quieren hacerlo porque son ellos quienes tendrían que pagarlas, pero a quien beneficia es a sus inquilinos. Para que esto sea posible necesitamos cambiar la concepción de la vivienda en alquiler como un bien de uso, en vez de un bien de mercado”, afirma Eloy Gutiérrez, técnico del Área de Vivienda de CECU.
MEDIDAS DESTACADAS
Otra solución que se plantea es considerar la eficiencia energética como parte de los deberes de conservación de los propietarios, en particular de los grandes tenedores. Hay espacios legislativos donde este requerimiento de unas condiciones mínimas para que una vivienda se considere apta para ser alquilada podrían introducirse, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Vivir en viviendas de alquiler con una calificación energética deficiente aumenta el empobrecimiento de la población, como demuestran los resultados de este análisis en el que también se presenta la rehabilitación energética como una herramienta imprescindible que integra soluciones para que, como indican los autores, «además de defender el derecho de acceso a la vivienda, sea adecuada y accesible».
