Tras días de negociaciones e incertidumbre, el Gobierno consiguió convalidar este miércoles en el Congreso el RDL 8/2023, a través del que se prorrogan hasta el 30 de junio de 2024 la mayoría de las medidas anticrisis activadas en el llamado escudo social. En materia de suministros domésticos, agua, luz y gas, la renovación mantiene las principales medidas de protección a las personas consumidoras vulnerables, pero sigue sin incorporar una reforma que asegure la consolidación de estas medidas y garantice de forma permanente el acceso a un suministro energético básico para toda la población.
Cambios en los impuestos
El nuevo Real Decreto trae consigo también algunos cambios en los impuestos que afectarán ligeramente a nuestras facturas. La principal novedad es que cambia el tipo impositivo del IVA, rebajado de manera excepcional del 21% al 5% en 2022 por la subida de precios de la energía. Ahora, debido a la estabilidad que experimentan de nuevo los precios, vuelve al 10%. No obstante, si el precio de facturación en el mercado diario supera los 45€/MWh, se volvería a aplicar el 5%. Con estos cambios, una misma factura, con el mismo consumo, que en octubre de 2023 tuvo un importe de 83€, en febrero de 2024, suponiendo que el precio de la energía fuera el mismo, subirá un 7%, es decir, casi 6 euros, como se observa en el ejemplo.
En los suministros de gas natural, el IVA será del 10 % durante los primeros tres meses de 2024, hasta el 31 de marzo, es decir, se mantiene la reducción en el periodo invernal, coincidiendo con el mayor uso de calefacciones. También se aplicará la prórroga en la reducción impositiva del 10% a los combustibles de biomasa, sustitutivos ecológicos del gas natural (pellets, briquetas y leña), hasta el 30 de junio de 2024.
Consumidores vulnerables
La prórroga del escudo social supone la permanencia de medidas básicas dirigidas a la protección de las personas consumidoras vulnerables, como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministros básicos de energía y agua. No obstante, desde CECU consideramos insuficientes estas medidas mientras no se regulen de manera permanente y se garanticen los derechos básicos a la vivienda, la energía y el agua. En materia de energía, pedimos que se implemente, al menos, el principio de precaución que ya funciona en Cataluña, donde la legislación prohíbe a las empresas distribuidoras interrumpir los suministros a las personas o a las familias en situación de riesgo de exclusión residencial sin haber solicitado previamente un informe a los servicios sociales.
Se mantienen también los descuentos reforzados del bono social, del 65% para vulnerables y del 80% para vulnerables severos, que deberían mantenerse hasta que no se implemente una tarifa social específica para personas consumidoras vulnerables; así como la aplicación temporal del bono social eléctrico a hogares con trabajadores con bajos ingresos, según el artículo 10 del RDL 18/2022.
Por último, otras de las medidas prolongadas son la limitación de la subida del precio de la tarifa regulada de gas de los hogares, con un incremento máximo trimestral del 5%, y de la bombona de butano (a 19,55 € máximo).
