La Estrategia Nacional contra la pobreza energética (ENPE) tendrá una nueva actualización que será publicada a finales de año. Por ello, se ha sacado a consulta pública el borrador junto a una batería de preguntas a las que, desde CECU, hemos dado respuesta, tanto de manera particular como colectiva a través de la recién creada Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), a la que CECU pertenece, con el objetivo de visibilizar y proponer soluciones a la pobreza energética.
En el lado positivo celebramos:
- El reconocimiento del acceso a la energía como un derecho ligado a la dignidad y la salud, no solo como una cuestión de consumo o coste económico.
- Que se haga mención a la Directiva (UE) 2023/1791, relativa a la eficiencia energética, que incorpora la definición legal y vinculante de pobreza energética en su art. 2 “Se entenderá por ‘pobreza energética’ toda situación en la que un hogar no puede acceder a los servicios energéticos esenciales cuando dichos servicios proporcionan unos niveles básicos y dignos de vida y salud, como calefacción, agua caliente, refrigeración e iluminación adecuadas, y la energía para hacer funcionar los aparatos, dados el contexto nacional pertinente, la política social nacional existente y otras políticas nacionales pertinentes, como consecuencia de varios factores, incluidos, como mínimo, los siguientes: inasequibilidad, renta disponible insuficiente, gasto energético elevado y escasa eficiencia energética de los hogares.”
En el lado negativo echamos en falta:
- Medidas para hacer frente a la causa estructural de la pobreza energética, que no es otra que el mal funcionamiento del sistema energético. No hay ninguna propuesta alternativa al bono social y tememos que este descuento sea cada vez más ineficaz en función del incremento que se produzca en el precio de la energía, además de que aumentará el coste a asumir por el resto de las personas consumidoras. No se ha considerado poner en marcha algún tipo de tarifa social, como la que llevamos reclamando las organizaciones sociales desde hace tiempo.
- No se ha implementado ningún mecanismo de automatización para la concesión del descuento por bono social, que permita cubrir de manera efectiva a todas las personas/hogares que lo necesitan sin trámites.
- No se ha destinado partida presupuestaria específica o detalles de cómo se van a consolidar las propuestas para la coordinación efectiva de las distintas administraciones públicas. Actualmente la descoordinación entre gobierno central y autonómicos produce tremendas desigualdades por regiones, por ejemplo, en el número de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
- No se especifica cómo se afrontará el problema de los cortes de suministro por impago a hogares vulnerables y nos preocupa que no tengamos datos del número de hogares afectados por la prohibición temporal de corte de suministro por impago, operativa desde 2020 y prorrogada hasta diciembre de este mismo año. No se concreta cómo se hará frente a la deuda acumulada por estos hogares.
- Destinar programas específicos y recursos propios a la rehabilitación energética de viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad, en lugar de integrarlos únicamente en programas generales abiertos a toda la población, ya que estos últimos no han resultado eficaces para llegar a estos hogares.
El documento completo con las respuestas a la consulta por parte de CECU las encontrarás aquí.
