- La organización presenta sus aportaciones a la consulta de la CNMC con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables en estos trámites administrativos.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado sus aportaciones a la consulta pública abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la “Guía para una correcta utilización y diseño de las ayudas públicas”, valorando positivamente el enfoque general del documento y proponiendo mejoras para garantizar que estas ayudas lleguen de forma más eficaz, justa y accesible a toda la ciudadanía.
CECU celebra que la propuesta de la CNMC incorpore principios alineados con sus demandas históricas, como la necesidad de un sistema de asignación de subvenciones más sencillo, transparente e inclusivo, capaz de reducir desigualdades y avanzar hacia un modelo social más equitativo. CECU propone la concesión de oficio de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), y propone extender este mecanismo al bono social eléctrico y al bono social térmico para garantizar que las personas beneficiarias accedan a estas ayudas sin barreras administrativas.
Asimismo, CECU considera imprescindible reforzar la accesibilidad de los procedimientos. En este sentido, pide que los formularios de solicitud no solo sean más simples y estén mejor estructurados, como propone la CNMC, sino que también se redacten con criterios de lectura fácil, asegurando su comprensión por parte de cualquier persona.
En línea con esto, la organización insiste en que la documentación exigida debe ser la mínima necesaria para acreditar cada situación, evitando cargas administrativas innecesarias y respetando el derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya están en manos de la Administración, tal como recoge la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
Otra de las propuestas clave es avanzar en la coordinación entre Administraciones mediante un acuerdo interterritorial que armonice los requisitos documentales en todas las comunidades autónomas, facilitando así el acceso a las ayudas y reduciendo desigualdades territoriales.
“Si bien es fundamental diseñar ayudas públicas conforme a los principios de buena regulación y libre competencia, estos no deben prevalecer sobre el interés general. Las ayudas públicas son herramientas al servicio de la ciudadanía y deben priorizar el bienestar de las personas consumidoras, garantizando criterios de equidad y justicia social”, subraya Soledad Montero, experta en Energía de CECU. En este sentido, se advierte de que la protección de la competencia no puede utilizarse como excusa para relegar la protección de las personas consumidoras, que constituyen la base del propio sistema económico.
Por último, CECU reclama la creación de instrumentos de gestión y presupuestos específicos orientados a los colectivos más vulnerables. Actualmente, muchas ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y por orden de solicitud, lo que deja fuera a quienes más las necesitan. En muchos casos, las personas vulnerables no acceden a estas ayudas por desconocimiento o por la imposibilidad de adelantar pagos, lo que provoca incluso que los cupos reservados queden desiertos.
En un contexto de profundas desigualdades económicas, donde el 9,6% de los hogares no alcanza los 1.000 euros netos mensuales, frente a un 7% que supera los 5.000 euros, CECU considera urgente reorientar las políticas públicas para garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan. Por todo ello, la organización insta a la CNMC a incorporar estas mejoras en la guía final, con el objetivo de construir un sistema de ayudas públicas más accesible, eficiente y justo, centrado en las personas.
