La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha trasladado a los ministros de Transformación Digital y Función Pública y de Derechos Sociales, Consumo de Agenda 2030, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los MEP españoles de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) su preocupación por el impacto que tiene sobre las personas consumidoras la disminución de la calidad de los productos y servicios digitales, instándole a adoptar una serie de medidas que impida que las personas usuarias tengan que aceptar la, cada vez más habitual, degradación de los productos o servicios digitales por falta de alternativas reales.
El informe Breaking Free: Caminos hacia un futuro tecnológico justo, del Consejo Noruego de Consumidores, muestra cómo el deterioro de productos y servicios —especialmente los digitales— se ha convertido en la nueva estrategia empresarial para incrementar sus beneficios. Este fenómeno —ya conocido como «enshittification», en español, mierdificación— consiste en la puesta marcha de un servicio innovador, útil y muy atractivo, a un coste artificialmente bajo o gratuito, diseñado para atraer las personas consumidoras y entidades para, cuando estos ya están cautivos en dicho servicio, empezar a degradarlo, obligando a las personas usuarias a tener que soportar la nueva versión de peor calidad si quieren seguir utilizándolo, o pagar por unos servicios que inicialmente disfrutaban de forma gratuita o a un precio asequible, por falta de alternativas reales a estos servicios.
El informe del Consejo Noruego del Consumidor confirma que esta degradación no es accidental — es estratégica. Refleja un modelo de maximización del beneficio basado en la dependencia y la ausencia de alternativas genuinas.
Ejemplos:
- El feed de Instagram y Facebook ya no prioriza el contenido de las personas o perfiles a los que seguimos, sino la publicidad y contenido de pago.
- Las búsquedas en Google se han vuelto menos transparentes y cada vez más saturadas de resultados patrocinados.
- Las plataformas de streaming han convertido las suscripciones en escaparates de ventas adicionales, con catálogos fragmentados y ofertas adicionales de pago.
- Los servicios de movilidad que comenzaron como alternativas a las ofertas tradicionales del mercado se han convertido en sinónimo de deterioro del servicio y en aplicación de precios dinámicos.
Desde CECU, y otras asociaciones de consumidores europeas, se proponen una serie de medidas concretas para ayudar a reequilibrar el poder entre consumidores y proveedores de servicios digitales:
- Incrementar los derechos de las personas consumidoras para que puedan controlar, adaptar, reparar y modificar sus productos y servicios,
- La interoperabilidad, la portabilidad de datos y la descentralización debe ser la norma, que permita cambiar de proveedor de forma sencilla y asequible,
- Aplicación rigurosa de la normativa de competencia, para que las grandes tecnológicas no puedan adquirir indiscriminadamente start-ups, competidores o llevar a cabo prácticas para orientar el mercado a su favor,
- Facilitar la financiación a iniciativas para crear, mantener o mejorar servicios digitales alternativos e infraestructuras basadas en código abierto y protocolos abiertos,
- Reducir la dependencia del sector público de las grandes tecnológicas, recuperar el control y contribuir a un mercado funcional para proveedores de servicios que respete los derechos fundamentales,
- Disuasión y aplicación coherente de otras leyes, incluida las normas de protección de los derechos de las personas consumidoras y el Reglamento General de Protección de Datos.
Por todas estas razones, más de 70 grupos y organizaciones de Europa y Estados Unidos, entre las que se encuentra CECU y otras 12 organizaciones de consumidores miembro de BEUC, estamos pidiendo que efectivamente se aplique la normativa, especialmente en el ámbito de la Competencia, en circunstancias en las que las grandes empresas tecnológicas controlan el mercado, impiden o dificultan el desarrollo y el acceso a alternativas reales, y atrapan cada vez más a los consumidores en ecosistemas digitales cerrados en los que las alternativas son inexistentes o artificialmente difíciles de acceder.
Pero la soberanía digital también requiere reducir la dependencia del sector público de las principales plataformas, invertir en infraestructuras digitales alternativas, interoperables y de código abierto, y no aceptar cualquier propuesta de desregulación que debilite la protección del consumidor.
