- La Comisión Europea ha propuesto una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2040, en comparación con los niveles de 1990.
- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU reclama que las políticas en materia de alimentación estén dirigidas a promover alimentos sanos y sostenibles, según las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
- La Organización Europea de Consumidores (BEUC) pide retomar urgentemente la ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles, para apoyar a las personas consumidoras en la transición a una alimentación más saludable.
Con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, la Comisión Europea propuso ayer una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2040, en comparación con los niveles de 1990. Para alcanzar este objetivo, la Organización Europea de Consumidores BEUC, de la que la Federación de Consumidores y Usuarios CECU es miembro, hace un llamamiento a los responsables de la toma de decisiones para que prioricen la puesta en marcha de las ambiciosas legislaciones climáticas que ya han sido aprobadas.
Según David Sánchez, director de CECU: “No es el momento de sembrar dudas sobre el compromiso contra la crisis climática y por la sostenibilidad de la UE. Es el momento de que los responsables políticos pongan en marcha la legislación aprobada en los últimos tiempos. La transición climática y ambiental es, sin duda, un reto que debe realizarse dialogando con todos los sectores y garantizando una transición justa. Pero paralizarla, o peor aún, dar un giro de 180 grados, lo haría todo mucho más difícil”.
Entre estas legislaciones se encuentran las que pretenden fomentar una movilidad sostenible, pero también las que tienen como objetivo transitar hacia modelos alimentarios más sostenibles. Y es que la producción de alimentos supone alrededor del 10,3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Dentro de los compromisos adquiridos por la Comisión Europea en su estrategia ‘De la granja a la mesa’, se encuentra la propuesta de ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que debería haberse adoptado a finales de 2023. Las organizaciones de consumidores pedimos que la Comisión Europea retome urgentemente la propuesta de ley de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que tiene como objetivo facilitar y hacer más rápida esta transición para las personas consumidoras. Según Sánchez, “las personas consumidoras están dispuestas a cambiar su forma de comer y a desempeñar su papel en la lucha contra el cambio climático, siempre que los alimentos sostenibles y saludables estén más disponibles y sean más asequibles” tal y como muestran estudios recientes.
Eduardo Montero, responsable de alimentación de CECU, vincula la protección de la salud de la población a través del acceso universal a dietas saludables con la consecución de los compromisos ambientales. “Rebajar las condiciones de producción no es el camino. Queremos comer mejor y, para ello, debemos exigir que todos los alimentos que se venden en Europa tengan las mismas obligaciones de producción que las que exigimos a nuestras productoras”.
En el informe ‘Lavado verde de los supermercados españoles’, publicado recientemente por CECU, exigen una serie de medidas a supermercados y Gobierno encaminadas a facilitar las decisiones de compra responsable a las personas consumidoras y a apoyar la transición hacia una producción de alimentos sostenible y de proximidad. Según Montero, “no puede ser que mientras la AESAN recomienda aumentar el consumo de fruta, verdura y legumbres de temporada y proximidad, en los supermercados estas opciones sean las menos disponibles. No puede ser que mientras quienes producen alimentos sanos y sostenibles lo tienen cada vez más difícil, las estanterías de los supermercados estén llenas de productos traídos desde miles de kilómetros, producidos de forma menos sostenible y que promueven dietas menos saludables. Es necesario que los supermercados asuman su responsabilidad y, además, reclamamos al Gobierno y a la UE que tomen todas las medidas a su alcance para favorecer una alimentación justa y adecuada”.
