- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a la Alianza Por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y la Aliança contra la Pobresa Energètica, lanza un manifiesto por la simplificación de los procedimientos de acceso a subvenciones para la rehabilitación y el autoconsumo energético
- Las organizaciones denuncian las barreras económicas y burocráticas que impiden a las personas consumidoras vulnerables obtener las ayudas y acceder a la eficiencia energética y trasladan propuestas para levantarlas
A falta de pocos días para la Semana de la Pobreza Energética, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás y la Aliança contra la Pobresa Energètica, lanza un manifiesto que, bajo el lema ‘Eficiencia burocrática, el camino hacia una eficiencia energética para todas’, reivindica un sistema de ayudas públicas para la rehabilitación energética y la instalación de energías renovables fácil y transparente, que asegure el acceso de toda la población a la eficiencia energética.
Las ayudas para la transición energética son esenciales para que todas las personas tengan la posibilidad de reducir la demanda energética de sus viviendas y ahorrar en sus facturas. Sin embargo, el sistema de ayudas actual es injusto, obsoleto e ineficaz y deja de lado a las personas que más las necesitan. La complejidad de los procedimientos administrativos y los criterios económicos vigentes derivan en una distribución injusta de estas ayudas: según la OCDE, en España el 20% de los hogares más pobres solo recibe el 12% del total de las ayudas del Estado, mientras que el 20% más rico acapara más del 30%, casi el triple.
En el caso de la rehabilitación energética de viviendas, por ejemplo, aunque es financiada al 100% para las personas consumidoras vulnerables, en algunos casos se debe realizar el desembolso de manera anticipada y esperar después al ingreso de la ayuda, con la incertidumbre que ello conlleva. Por otro lado, algunas ayudas gestionadas por ayuntamientos tributan en el IRPF, afectan al acceso a otros subsidios básicos, como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones mínimas o no contributivas, o son incompatibles con otras ayudas como las becas de estudios o comedor o las ayudas a medicamentos, lo que supone una gran barrera para las rentas bajas y medias bajas. Este fue el caso de varias vecinas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en Madrid, a las que la seguridad reclama los complementos a su pensión mínima tras haber recibido la subvención. “Deben revisarse estos criterios para que las ayudas de verdad lo sean y no se vuelvan en nuestra contra. Lo que nos ha ocurrido a nosotras no se debe repetir en ningún otro barrio o ciudad”, denuncia Manuela Navarro, presidenta de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas.
El cambio se vuelve especialmente urgente en el contexto de crisis climática y económica actual, en el que el coste de vida es cada vez más elevado y un 43,5% de las personas consumidoras en España está en situación de vulnerabilidad energética. Para enfrentar estos retos, es más necesario que nunca revisar las estructuras y la accesibilidad de nuestras administraciones y asegurar que las familias con rentas bajas y medias bajas puedan acceder a los beneficios de la eficiencia energética. De lo contrario, la brecha energética se ensanchará y aumentará el número de hogares en situación de pobreza energética.
Además de las económicas, existen también grandes barreras burocráticas que generan desigualdades en el acceso a estas ayudas: el lenguaje técnico e incomprensible, la documentación excesiva, la brevedad de los plazos, los retrasos en las resoluciones o la priorización de los canales digitales dificultan a personas mayores, migrantes, con menor nivel de formación o que viven en el ámbito rural acceder a estas ayudas en condiciones de igualdad. “Para que la respuesta a la emergencia climática sea inclusiva y no produzca más desigualdad, los procedimientos deben ser más ágiles y sencillos para que cualquier persona, independientemente de su formación o nivel adquisitivo tenga las herramientas para solicitarlos”, afirma Paz Serra del área de energía de CECU. “Necesitamos una financiación pública inclusiva, dirigida a las personas consumidoras vulnerables, para hacer posible una transición energética socialmente justa”, añade.
A través del manifiesto, las organizaciones trasladan demandas concretas para superar estas barreras y garantizar un sistema de ayudas eficaz y justo:
- Formularios de solicitud y concesión de subvenciones y ayudas redactados en lectura fácil, accesibles y comprensibles para personas con distintos niveles de formación.
- Campañas de comunicación de las ayudas efectivas, que combinen canales digitales y analógicos y que hagan partícipes a los servicios públicos en contacto con la población vulnerable.
- Instrumentos de gestión y presupuestos específicos dirigidos a colectivos vulnerables.
- Unificación de los procedimientos entre las Comunidades Autónomas.
- Automatización de las concesiones y solicitud de la documentación mínima necesaria para acreditar las situaciones de financiabilidad, sin que suponga nunca una carga innecesaria para la ciudadanía.
- Mejora de los criterios de renta para el acceso a subvenciones de forma que se establezcan distintos tipos de acceso a las mismas.
- Que las subvenciones no computen a efectos del IRPF o impidan el acceso a otras ayudas y subsidios públicos, especialmente en el caso de las personas de rentas bajas o medias bajas.
