- En el día de los bancos, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha pedido garantías para que todas las personas puedan acceder a dinero en efectivo sin tener que salir de su municipio
En el contexto actual de una amplia digitalización, donde la banca digital y las aplicaciones de pago para móviles están en pleno auge, proliferan los neobancos o bancos principalmente digitales sin apenas oficinas, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU pide poner el foco en aquellos colectivos vulnerables que necesitan que se garantice el derecho al efectivo.
Para ello, insta al Gobierno a que recupere la propuesta normativa Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera, que recogía la obligación de disponer de, al menos, un cajero en los municipios que se encuentren en riesgo de exclusión financiera.
El pago en efectivo se está convirtiendo en algo cada vez más residual principalmente en las grandes ciudades, tal y como muestra el estudio de la CNMC “Estudio sobre el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos”: En 2021, menos del 36% de los ciudadanos en España declaraban utilizarlo como medio de pago más habitual, frente al 80% en 2014.
Este nuevo escenario digital tiene un gran aliado, la banca, y el mundo financiero en general, que como estamos observando, en los últimos años ha reducido el número de oficinas y cajeros, así como el servicio de atención a los clientes para reducir costes, derivando a estos a los medios digitales (banca digital y cajeros automáticos), donde no todos tienen la confianza o la capacidad de operar de forma segura. Según el citado informe “El número de cajeros automáticos en España ha disminuido un 23% en los últimos 15 años a causa del cierre de oficinas bancarias y la digitalización” .
CECU señala que para las personas mayores o aquellas que no se encuentran cómodas en el ecosistema digital, pero también para quien reside en las zonas rurales el acceso al efectivo es fundamental. Un estudio del Banco de España revela que aproximadamente 3 millones de personas en España están en situación de vulnerabilidad en cuanto al acceso a efectivo por no tener un punto para retirar efectivo a menos de 5 kilómetros de su municipio; y que el 55% de los 8.130 de los municipios que hay en España, donde vive un 3,1% de la población española, no tienen cajero automático.
La privación o dificultad para acceder al efectivo supone la vulneración de un derecho, principalmente para las personas que viven en las zonas rurales sin posibilidad de acceder al efectivo sin hacer grandes desplazamientos, pero también para aquellas personas que abrieron sus cuentas bancarias en las oficinas cercanas a su domicilio y que actualmente están siendo privadas del servicio de caja por el que pagan.
César Díaz, miembro del área jurídica de CECU, afirmó: “España no cuenta con una banca pública que pueda garantizar los derechos financieros de las ciudadanas, y ha dejado los servicios de la banca minorista en manos de entidades privadas, cuyo objetivo es únicamente el beneficio económico, y que tienen la libertad de elegir donde abrir o cerrar sucursales y dónde instalar cajeros, sin tener la obligación de prestar determinados servicios.
Por eso, desde CECU, creemos que el Gobierno, en colaboración con el resto de las Administraciones públicas, deben trabajar para garantizar el acceso al efectivo de cualquier persona sin tener que salir de su municipio, más allá de acuerdos o protocolos de libre adhesión de las entidades bancarias, cuyo incumplimiento no tiene consecuencia alguna. Los derechos deben garantizarse por ley.”
Finalmente, CECU pone de relieve la necesidad de que estos municipios cuenten con personal suficiente que pueda asesorar y ayudar a las personas mayores o con dificultades para operar con tarjeta o en cajeros, a la realización de operaciones como, disponer de efectivo en los cajeros o realizar pagos.
