Con motivo de la aprobación de la Ley de Vivienda ayer en el Senado, desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU pedimos compromiso a los futuros gobiernos autonómicos y locales que se conformarán tras las elecciones del 28 de mayo para hacer cumplir el derecho a la vivienda de todas las personas. El marco jurídico que proporciona esta nueva norma constituye un punto de partida para que las Comunidades Autónomas y ayuntamientos avancen en el cumplimiento de este derecho, pero no lo garantiza, sino que delega en estas administraciones la voluntad de implementar medidas que vayan en ese camino. Está en sus manos, por lo tanto, declarar zonas tensionadas, aplicar gravámenes fiscales sobre viviendas infrautilizadas o aprobar planes de vivienda, entre otras importantes competencias.
La problemática del alquiler es especialmente urgente. La propiedad está cada vez más concentrada en pocas personas, empresas y fondos de inversión, lo que genera una desigualdad que no deja de ampliarse. Cesar Díaz, portavoz de vivienda en la Federación de Consumidores y Usuarios CECU afirma que “a pesar de ser uno de los grandes problemas sociales actuales, que afecta a millones de personas, consideramos que el Gobierno no lo ha abordado todavía de forma valiente y efectiva”. “Reconocemos los avances que suponen la limitación de los precios de los alquileres hasta 2025 o la obligación de las personas propietarias de asumir el coste de las comisiones de agencia, pero la norma es insuficiente: la situación general de la vivienda queda intacta y los grandes tenedores seguirán marcando los precios del mercado”.
Ante esta situación, desde CECU consideramos que las administraciones públicas deben garantizar que todos sus vecinos y vecinas puedan acceder a una vivienda digna de forma asequible. Para ello, los gobiernos locales y autonómicos deberían adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
– Fomentar a través de las medidas que permite la nueva Ley de Vivienda que los grandes tenedores y particulares pongan sus viviendas en alquiler a un precio asequible.
– Eliminar todo tipo de beneficios fiscales a los grandes tenedores para frenar el uso especulativo de la vivienda y garantizar su uso social.
– Aprobar planes de vivienda locales y autonómicos con objetivos cuantificables, dotándolos de recursos económicos suficientes para llevarlos a cabo.
– Incrementar el parque de vivienda pública a través de la rehabilitación de viviendas, tanto de la Sareb, como de viviendas particulares, para poder destinarlas al alquiler social.
– Declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando se den las condiciones objetivas marcadas por la ley y se graven las situaciones de infrautilización de la vivienda.
– Limitar el número de viviendas de alquiler vacacional.
– Limitar el precio del alquiler de forma permanente.
– Abrir oficinas de información para que las personas inquilinas conozcan sus derechos y puedan reclamarlos. Deben vigilarse y sancionarse las prácticas ilegales y abusivas.
– Obligar a los municipios a disponer de viviendas de emergencia habitacional suficientes para situaciones de desahucios.
La formación de nuevos gobiernos autonómicos y locales es una oportunidad para afrontar de una vez por todas el problema del acceso a la vivienda en nuestro país y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos y todas.
