Tras dirigirse a AESA y no obtener respuesta satisfactoria, CECU dirige ahora una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pidiendo una reunión para tratar de dar solución a este grave problema
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a su organización miembro la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV), se dirigió el pasado mayo a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para alertarle de que algunas compañías aéreas están adoptando una práctica claramente vulneradora de los derechos de las personas usuarias al negarse a recibir las notificaciones y reclamaciones que se les hacen llegar. Como consecuencia, los juzgados están archivando los procedimientos sin compensar debidamente a las personas usuarias que se ven doblemente perjudicadas: en primer lugar, por el incumplimiento de la compañía y, en segundo, porque no obtienen el oportuno resarcimiento.
Ante la respuesta de AESA, que manifestó que la práctica denunciada no supone una infracción de los reglamentos que supervisa y que, por lo tanto, no tiene potestad para intervenir en su monitorización y posible sanción, CECU ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En ella, solicita a los ministros una reunión para trasladar el problema y exigir una solución que ponga fin a esta práctica vulneradora de los legítimos intereses de las personas usuarias del transporte aéreo.
CECU considera inaudito que aerolíneas que mantienen actividad dentro del territorio nacional, que operan desde aeropuertos españoles y que son susceptibles de generar conflictos con ciudadanos españoles no puedan ser emplazados en ninguna dirección en España, a pesar de tener personal y mostradores en los aeropuertos. Este es el modo en que se evaden de su obligación indemnizatoria, al evitar la comunicación de una reclamación o demanda de un usuario. «Estos hechos son muy graves y todas las administraciones implicadas tienen que tomar cartas en el asunto para cesar esas prácticas lesivas para las personas consumidoras«, añade Miguel Crespo, abogado de CECU.
