- La presidencia española de la UE deja un balance agridulce en materia de rehabilitación energética tras la redacción de una norma necesaria pero insuficiente
El reciente acuerdo sobre el texto final de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, tras las negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, deja en papel mojado muchas de las mejoras que iban a facilitar la rehabilitación de viviendas a las personas consumidoras. En el día en que, además, conocemos el acuerdo de la COP28, que peca de poca ambición y rebaja la obligación de reducir la quema de combustibles fósiles, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU lamenta que tampoco desde la Unión Europea se haya conseguido un texto lo suficientemente ambicioso para avanzar al ritmo necesario en la descarbonización de los hogares.
La rehabilitación energética de viviendas es clave para reducir las emisiones de los edificios, que representan el 36% de las emisiones a nivel europeo. Contar con hogares más eficientes reduciría notablemente las facturas de electricidad y de energía de las familias. Es, además, la única herramienta enfocada a la raíz del problema de la pobreza energética. A pesar de ello, el texto deja en el tintero la mayoría de demandas encaminadas a hacer más sencilla y accesible la rehabilitación para las personas consumidoras europeas:
- No introduce ninguna mejora para que los certificados energéticos de las viviendas sean comprensibles para las personas consumidoras. Van a seguir siendo distintos según el país o la región, lo que hace que al comprar o alquilar una casa, las personas consumidoras no tengan información clara sobre el gasto en energía o las necesidades de rehabilitación.
- No se introduce ninguna obligación para los bancos y entidades financieras para que su cartera hipotecaria tenga un determinado certificado energético. Esto significa que el sector inmobiliario no va a tener incentivos legales para invertir en la rehabilitación de viviendas, lo que, a su vez, va a hacer difícil que las personas consumidoras puedan acceder a créditos y financiación para la rehabilitación y la eficiencia de sus viviendas.
En el lado positivo, CECU celebra que se introduzca la obligación para los Estados Miembros de introducir la figura de las ventanillas únicas de rehabilitación energética. Estas oficinas, que en España dependen de las Comunidades Autónomas, constituyen un paso clave para que las personas consumidoras puedan acceder a información clara, completa y veraz sobre las necesidades de rehabilitación, a profesionales con la cualificación específica o a las posibilidades de financiación y ayudas para la rehabilitación.
CECU, junto a la organización europea de consumidores BEUC, ha seguido de cerca la evolución de este texto legislativo. Tras meses de dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que finalizara la actual legislatura del Parlamento Europeo, y a falta de semanas para el fin de la presidencia española, la organización considera que, “aunque es positivo haberlo alcanzado en este periodo, el resultado es mucho menos ambicioso de lo esperado y sigue sin estar centrado en las barreras que las personas consumidoras encuentran a la hora de emprender trabajos de rehabilitación de su vivienda”.
