- La organización detecta un amplio incumplimiento de esta nueva normativa en su primer día de aplicación y valora como insuficiente la medida al no ir acompaña de un régimen sancionador
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo contra Booking y Airbnb, las principales plataformas en línea de alquiler de corta duración, por incumplir la normativa vigente en lo relativo a la obligación de publicar el número de registro en los anuncios de arrendamientos de corta duración.
La normativa entró en vigor el pasado 23 de diciembre de 2024 y las plataformas tenían hasta el 1 de julio de 2025 para realizar las adaptaciones pertinentes. Así lo recoge el Real Decreto 1312/2024: las plataformas en línea deberán mostrar el número de registro “claramente como parte de sus anuncios antes de permitir la oferta de los servicios de alquiler de alojamiento de las unidades en sus plataformas».
En el caso de Airbnb, tras la investigación, CECU ha observado que no solo los anuncios de la plataforma no cuentan con el número de registro para que pueda ser consultado por los consumidores, sino que, además, permite la publicación de anuncios sin dicho número de registro. De este modo, CECU considera que la plataforma está evadiendo su responsabilidad de solicitar este requisito a los arrendadores para que se publiciten los anuncios en ella.
En el caso de Booking, sí deniega la publicación de anuncios sin número de registro en la plataforma, pero, tal y como dicta el Real Decreto, deberían haber hecho las modificaciones pertinentes en la plataforma para que a día 1 de julio de 2025 cualquier anuncio que no contase con el número de registro hubiese sido dado de baja.
Eloy Gutiérrez, experto en vivienda de CECU: “Las plataformas debían haberse hecho cargo de que los anuncios cumpliesen con la normativa y los consumidores tuviesen a disposición la información a fecha de aplicación. El número de registro supone un identificador que les permite corroborar que el alojamiento cumple con las normativas mínimas. Si este número no está disponible en los anuncios, esto puede llevar a las personas a contratar servicios que no cuenten con la licencia para operar, lo que conlleva una inseguridad para ellas”.
CECU, además, valora como insuficiente esta medida al no ir acompañada de un régimen sancionador que garantice su cumplimiento y de una dotación presupuestaria para inspectores. “Sin mecanismos efectivos de control y sanción, queda demostrado que las plataformas siguen saltándose la ley sin asumir ninguna consecuencia y agravando la crisis de acceso a la vivienda. Instamos al Gobierno a abordar frontalmente el problema de la vivienda para garantizar que los fraudes no queden impunes”, añade Gutiérrez.
