- España es uno de los países más afectados por este impacto, según el último informe del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
- CECU defiende una transición energética justa a través de la electrificación y las fuentes renovables para frenar la subida del gasto en energía en los hogares
Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cambio Climático, que se celebró ayer, día 24 de octubre, la Federación de Consumidores CECU recuerda la urgencia, cada vez mayor, de medidas que ayuden a mitigar los efectos que el cambio climático está suponiendo para los hogares. Según el informe recientemente publicado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), España es uno de los países más afectados por estos impactos, en términos tanto de reducción de ingresos como de aumento de gastos.
Los datos muestran que los efectos del cambio climático van a seguir encareciendo productos y servicios básicos como la alimentación o los servicios sanitarios, lo que, a su vez, repercutirá negativamente sobre la renta disponible de los hogares. Por otra parte, la subida de temperaturas asociada al cambio climático va a afectar a sectores clave de la economía española, como el turismo o la agricultura, con los consecuentes efectos que esto puede tener en términos de empleo. Estos efectos negativos, además, no se reparten de manera homogénea entre los distintos grupos de población, sino que afectan desproporcionadamente a los grupos en situación de vulnerabilidad, sin que las ayudas existentes lleguen a frenar del todo el aumento de la desigualdad.
Para hacer frente a esta situación, CECU defiende la electrificación y las energías renovables como uno de los puntos clave para una transición energética justa, que debe favorecerse a través de políticas redistributivas, con criterios de renta, que no dejen a nadie atrás. Los datos del informe del CESE demuestran que medidas para reducir la dependencia del gas y fomentar este cambio pueden contribuir a frenar la subida del gasto en energía de los hogares. Para ello es necesario que las administraciones públicas, desde todos los niveles, garanticen que todas las personas consumidoras, con especial atención a las de rentas medias-bajas y en situación de mayor vulnerabilidad, puedan acceder a estas opciones y participar en igualdad de condiciones en la transición energética. En particular, se reivindica:
- Que todo el sistema de ayudas a la eficiencia energética y para la instalación de autoconsumo fotovoltaico se configure en función de la renta, teniendo en cuenta, además, que los hogares con rentas más bajas no se ven beneficiadas por reducciones en el IRPF.
- Que se pongan medidas para que el autoconsumo colectivo pueda avanzar con normalidad, frente a la obstrucción de los procedimientos por las empresas distribuidoras.
- Que se garantice la participación de personas consumidoras vulnerables en las comunidades energéticas locales, en especial en las promovidas por las administraciones locales.
- Que se favorezca desde las administraciones el cambio de los sistemas de calefacción y cocinas de gas hacia alternativas eléctricas para garantizar que las personas consumidoras puedan dejar de depender de los combustibles fósiles.
Otros ámbitos de actuación
El esfuerzo en materia de ayudas y políticas públicas debe abarcar todos los diferentes sectores de la economía, más allá de la energía. En particular, para los sectores señalados por el CESE, CECU insta a las administraciones públicas a tomar medidas encaminadas a:
- Garantizar el derecho a la información veraz y basada en la evidencia científica en torno a la sostenibilidad de los productos, como elemento esencial de una transición hacia una economía sostenible.
- Avanzar en la iniciativa de un marco europeo de sistemas alimentarios sostenibles, apoyando los modelos de producción agroecológica y garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible a precios accesibles.
- Reorientar el sector turístico con un enfoque más sostenible y responsable, entendiéndolo no como un producto sino como una actividad económica transversal que, a través de la participación de la comunidad local, puede convertirse en una herramienta poderosa para combatir la precarización laboral y salarial y reducir la pobreza.
- Fomentar el transporte público sostenible y accesible para reducir la pobreza de transporte y garantizar las posibilidades de movilidad de todas las personas sin desatender los objetivos de neutralidad climática.
