- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU solicitó información sobre el número y la distribución de baños públicos a 83 grandes municipios españoles y solo respondieron 35.
- Se constata una amplia diferencia entre la situación de unas y otras ciudades y una disparidad en el modo de contabilizar los datos
- Los datos se recogen en su último informe, en el que reitera la petición de una regulación estatal que establezca unos mínimos obligatorios en número y calidad de los baños públicos en todos los municipios
El nuevo informe elaborado por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU pone en evidencia no solo la insuficiencia de baños y fuentes públicas en la mayoría de las ciudades españolas, que es especialmente preocupante en la época estival, sino también la falta de datos fiables y unificados proporcionados por los propios ayuntamientos.
La organización contactó con 83 municipios, entre los que se incluyen todas las capitales de provincia y otros con gran número de población, permanente o en los meses de verano, para conocer el número de baños y fuentes públicos de los que disponían, señalando, en su caso, si tenían coste. Solo 35 ayuntamientos (el 42,17%) respondieron a la petición, a pesar de estar obligados por ley y de que estos datos son sencillos de recabar.
Entre los que respondieron, la organización destaca positivamente a Zamora, que dispone de un baño público para cada 4.558 habitantes; Salamanca, con 1 para cada 5.536; y o Bilbao, con 1 para cada 5.768. En el otro lado de la balanza se sitúan Lérida, Hospitalet de Llobregat y Cádiz que, con una población de más de 100.000 habitantes, declararon no disponer de ningún baño público. Tampoco prestan un buen servicio Sevilla, con solo 8 baños en toda la ciudad (lo que se traduce en una ratio de un baño para cada 85.503 habitantes); Terrassa, con 1 para cada 56.319; y Palma, con 1 para cada 47.038. “Hacemos un especial llamamiento a los municipios que multiplican su población en verano para que habiliten baños, aunque sea de carácter temporal, para dar servicio a la población que habita sus territorios en estos meses”, declara Miguel Crespo, abogado de CECU. “El hecho de que estos baños se instalen de forma temporal para cubrir esa necesidad debe ser compatible con que cumplan los requisitos mínimos de intimidad, usabilidad e higiene.»
Respecto a las fuentes públicas, Huesca dispone de una fuente para cada 365 habitantes, Guadalajara de 1 por cada 378 y Cuenca de 1 por cada 396. Frente a estos, Gerona cuenta con 1 por cada 4.012 habitantes, Palma con 1 por cada 3.112 y Murcia con 1 para cada 3.026. “Si bien exigimos el acceso universal y gratuito al agua potable en los espacios públicos durante todo el año, en las épocas veraniegas con altas temperaturas y en ciudades de urbanismo hostil con cada vez más cemento y menos elementos vegetales, la presencia de estas se hace más imprescindible, sobre todo para la hidratación de personas mayores, trabajadores al aire libre, gente sin hogar y niños, que pueden sufrir golpes de calor u otras afecciones”, añade Crespo.
“Este trabajo evidencia que muchos ayuntamientos no se toman en serio las implicaciones para la salud pública y la protección del medio ambiente que tiene la falta de fuentes y baños públicos”, denuncia Crespo. Además, “los datos ponen de manifiesto un tratamiento diferente de los ciudadanos según la parte del estado en la que residan, lo que infringe el artículo 139.1 de la Constitución, que establece la igualdad en todas las partes del territorio nacional.” También cabe tener en cuenta la disparidad de criterios de los ayuntamientos para calificar qué se considera baño o fuente públicas y qué no: algunos incluyeron en estas cifras los baños en edificios municipales o las fuentes ornamentales, a pesar de que no es esto lo que se solicitaba.
Esta insuficiencia de baños y fuentes públicas atenta contra los derechos humanos al agua y al saneamiento, reconocidos por la ONU, afecta especialmente a población con enfermedades intestinales crónicas y tiene un importante impacto de género y socioeconómico. “Es urgente aprobar una normativa estatal básica que unifique los criterios y marque unos mínimos obligatorios para cada ayuntamiento, con unos requisitos de intimidad, usabilidad e higiene que garanticen el cumplimiento de estos derechos y la prestación de un servicio público de calidad.”
Esta publicación da continuidad a la campaña de denuncia de la falta de baños y fuentes públicas iniciada por CECU en noviembre de 2023, con la publicación del informe sobre el marco regulatorio. En marzo de 2024 también denunció la privatización de los baños en las estaciones de ADIF y pidió a la entidad que revierta la medida.
