La presión del mercado de la moda rápida expone a las personas consumidoras a volúmenes insostenibles de prendas. La ropa y los textiles pueden ser de baja calidad, contener sustancias químicas peligrosas, estar fabricados con normas medioambientales y sociales deficientes, siendo además más barato adquirir una prenda nueva que repararla o comprarla de segunda mano.
La reciente Estrategia de la UE para Textiles Circulares y Sostenibles en la que se establece el objetivo de convertir los textiles sostenibles en la norma para 2030 y limitar la producción y consumo de moda rápida, es un paso necesario para frenar esta crisis. Desde CECU apostamos por avanzar de manera urgente en esta línea y a través del Proyecto ‘Derecho a reparar: por un consumo de moda sostenible’ buscamos promover el derecho a la durabilidad y reparabilidad y denunciar el sobreconsumo textil impulsado por la moda rápida como un factor determinante en la producción de desechos.
Para ello es necesario eliminar la proliferación de lavado verde: el sector textil ofrece una imagen engañosa e incompleta sobre la sostenibilidad real de los productos, creando confusión con respecto a las opciones más sostenibles, incluida la de reducir el consumo de ropa. En muchas ocasiones el marketing incluye un lavado social que trata de ligar tanto la sostenibilidad como las buenas condiciones sociolaborales de producción. Las personas consumidoras deben tener acceso a la información veraz y necesaria para ejercer un consumo crítico y transformador.
Según los resultados del Eurobarometro de 2020, 9 de cada 10 europeos piensan que la ropa debería durar más y que las marcas deberían estar obligadas a garantizar buenas condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Necesitamos políticas públicas que generen cambios sistémicos y hagan de la moda sostenible y justa la norma. Las líneas de trabajo deben orientarse a garantizar el acceso de las consumidoras vulnerables y que el cambio hacia textiles más sostenibles no repercuta en el precio de la ropa encareciéndola: debe aplicarse una distribución justa de los costes entre consumidoras y empresas, al tiempo que se garantice el respeto de los derechos de las trabajadoras, mediante una remuneración y unos puestos de trabajo justos.
El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de CECU, 2023
