El 18 de marzo la Red Agua Pública y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han organizado un acto en el Congreso con motivo del día mundial del agua, moderada por Jaime Morell, con la participación de Pedro Arrojo, actual relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Dalila Argueta, hondureña defensora de derechos humanos y refugiada por la defensa del río Guapinol, Nadua Abu Ghazalah, perteneciente a la diáspora palestina, Pablo Alcalde y Miquel Carrillo en representación de La Coordinadora, y Nuria Hernández Mora y Aura Vidal por la RAP.
Las principales conclusiones a que se llegó durante el acto se concretan a continuación.
- El derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde julio de 2010, y forman parte del derecho internacional, por lo que son legalmente vinculantes para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el caso de España.
- El reconocimiento expreso y la incorporación a la normativa nacional al más alto nivel posible de los derechos humanos al agua y al saneamiento debe recoger la garantía del acceso a las fuentes e infraestructuras basado en la no discriminación, el acceso efectivo a los mínimos vitales y la prohibición de cortes en situaciones de vulnerabilidad, las prioridades de uso, las restricciones a los usos productivos, las obligaciones relativas a la calidad del agua, la asequibilidad y el acceso a la información.
- Los modelos de gestión pública del agua y del saneamiento deben ser coherentes con los derechos humanos, realizarse sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana activa, libre y significativa, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental.
- El crecimiento demográfico y los cambios en la urbanización, la intensificación de la agricultura, la minería y la industria generan demandas que desbordan la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos al tiempo que vierten sustancias, a menudo tóxicas, que contaminan los caudales disponibles pudiendo dar lugar a conflictos. Aunque haya disponibilidad de caudales de agua, que se verá mermada por el cambio climático, esta contaminación constituye una amenaza para el derecho humano al agua potable. Este es el caso del río Guapinol, en Honduras, donde surgieron conflictos entre las poblaciones ribereñas y empresas mineras que ocasionaron la contaminación del río, vulnerando el derecho humano al agua. En el conflicto se puso de manifiesto las asimetrías de poder y la ausencia de una gobernanza democrática del agua desde un enfoque basado en los derechos humanos, que se concretó en la persecución y represión de la movilización ciudadana.
- Es necesario promover el reconocimiento y la protección de las personas y organizaciones defensoras de los territorios y de los derechos humanos, así como de periodistas y profesionales de la comunicación, que abogan por el control público del agua y el saneamiento en todo el mundo, denunciando su criminalización.
- Hay que impulsar, en el plano estatal e internacional, regulaciones vinculantes de la acción de las empresas transnacionales, asegurando el respeto a los derechos humanos y al medioambiente, y su rendición de cuentas en toda la cadena de valor.
- El agua puede motivar controversias e incluso conflictos armados. También puede utilizarse en estrategias bélicas. Esto está ocurriendo, entre otra regiones y países, en Siria, Ucrania y Palestina. El año pasado se cumplieron 75 años del conflicto palestino – israelí y 57 años de ocupación ilegal por parte de Israel del territorio palestino, lo que supone una constante vulneración de los derechos humanos de la población palestina, incluyendo su derecho al agua potable y al saneamiento básicos, su acceso a recursos hídricos para poder desarrollar actividades económicas
- Antes de la actual escalada de violencia, el 90% de la población palestina de Gaza no disponía de un buen acceso al agua potable, más del 97% de su acuífero estaba contaminado y/o infiltrado por agua salada. Los intensos bombardeos que está sufriendo la franja de Gaza han dañado gran parte de su infraestructura de tratamiento y abastecimiento de agua, y de saneamiento, de forma que la mayoría de las personas viven con solo entre 1 y 3 litros diarios, muy lejos de los 100 recomendados por la OMS.
- Y en relación a esta situación, nos hacemos eco de la Proposición no de Ley aprobada la semana pasada por la Comisión de Exteriores de este Congreso en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para un alto el fuego inmediato y permanente por todas las partes, el respeto al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el acceso humanitario suficiente y sostenido especialmente en Gaza, el fin del comercio de armas entre España e Israel, y para trabajar por una solución negociada al conflicto.
