- El informe recién publicado por la organización analiza el marco legal sobre los baños y fuentes públicas en España y traslada recomendaciones a las administraciones públicas para mejorar la prestación de los servicios
- CECU solicita que en esta nueva legislatura se apruebe una ley marco estatal que defina el número de baños y fuentes públicas por habitante y sus condiciones de mantenimiento para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento en todo el Estado
Madrid, 20 de noviembre 2023.- A pesar de que en España el acceso a agua potable y saneamiento está relativamente generalizado, existen todavía algunos retos para asegurar el cumplimiento de estos derechos para toda la población. Garantizar la presencia suficiente, en cantidad y en calidad, de baños y fuentes públicas en ciudades y pueblos constituye uno de ellos. Por ello, con motivo del Día Mundial del Saneamiento, celebrado ayer 19 de noviembre, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU publica el ‘Informe sobre la presencia de baños y fuentes de agua’, que analiza las carencias en la prestación de estos servicios en España, señala sus consecuencias en el acceso de la población a los derechos humanos al agua y al saneamiento y traslada a las administraciones públicas demandas para asegurar su cumplimiento de forma plena.
La ausencia de estudios y datos facilitados por los ayuntamientos impide hacer un diagnóstico completo de la situación, pero la percepción de que existen pocos baños públicos en los municipios, o que los que hay están en malas condiciones, es generalizada. En el caso de Madrid, por ejemplo, hay solo 130 baños públicos para una ciudad con más de 3 millones de habitantes y muchos de ellos están inoperativos o inutilizables por falta de limpieza e higiene, lo que conlleva importantes riesgos tanto para la salud de quienes los utilizan como para la salud pública en general.
Además, esta insuficiencia de lo que debería ser un servicio público tiene un importante impacto de género y afecta también en mayor medida a personas mayores o personas con enfermedades crónicas que necesitan utilizar el baño con mucha frecuencia.
Miguel Crespo, miembro del área jurídica de CECU añade: “Ante esta situación, la privatización del servicio no puede ser la solución para garantizar el buen estado de conservación e higiene de los baños, como se ha hecho en algunas ciudades o en las estaciones de ADIF, por ejemplo. Imponer un pago para acceder a un baño, aunque este sea aparentemente bajo, ensancha todavía más la desigualdad en el acceso a los derechos al agua y al saneamiento para las personas en situación de vulnerabilidad. Son las administraciones públicas quienes deben asumir la responsabilidad de prestar este servicio público de calidad, a través de una normativa estatal que obligue a todos los municipios a hacerse cargo de la gestión.”
Fuentes públicas
Aunque la situación respecto a la presencia de fuentes públicas es más positiva, es también necesario revisar su estado y distribución. En la misma línea de afección a la salud pública, las fuentes de agua en las calles son fundamentales para hacer vida en nuestras ciudades y pueblos en condiciones de seguridad, especialmente ante el evidente panorama de crisis climática en el que nos vemos inmersos, donde las temperaturas van a ser cada vez más altas. A la mejora de la cantidad y calidad de las fuentes de agua potable deben añadirse medidas como la ampliación de las zonas verdes y espacios de sombra.
Antes esta situación, CECU solicita la aprobación, en esta legislatura que acaba de comenzar, de una ley marco estatal que defina el número de baños y fuentes públicas por habitante y sus condiciones de mantenimiento para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento en todo el Estado.
