- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU reafirma la necesidad de que las autoridades públicas investiguen y controlen este sistema de IA y tecnologías similares
- La AEDP debe contar con la participación de la sociedad civil a la hora de investigar los riesgos que plantea ChatGPT
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU valora positiva la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de iniciar de oficio actuaciones de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, propietaria del servicio ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa. La Agencia llevó esta semana a la reunión plenaria con el Comité Europeo de Protección de la necesidad de abordar conjuntamente una discusión sobre el servicio ChatGPT. Como resultado, el Comité inició ayer un grupo de trabajo específico para abordar el tema.
La inteligencia artificial se ha desarrollado enormemente durante los últimos años. En particular, desde hace un tiempo hemos visto como ChatGPT ha acaparado nuestra atención. No solo por su repentino uso masivo, sino por distintas noticias de las que hemos ido tomando conocimiento. Lamentablemente, en Bélgica una persona se ha quitado la vida aparentemente tras hablar de forma intensiva con un chatbot. Por otro lado, distintas personalidades académicas han llamado a la acción urgente por los riesgos que conllevan estas tecnologías. A ello, se suma la carta abierta firmada por expertos y ejecutivos del sector para pedir una pausa «inmediata» de seis meses en el avance de los sistemas de IA «más potentes» que ChatGPT-4.
Hace unas semanas Italia se convirtió en uno de los primeros en tomar cartas en el asunto, en tanto su autoridad de protección de datos bloqueó la utilización de ChatGPT. Con esta decisión de la AEPD, España da un paso adelante para afrontar los riesgos que plantean estas tecnologías.
Si bien la Unión Europea trabaja a contrarreloj en una propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial, proceso que CECU sigue de cerca, lo cierto es que no entrará en vigencia hasta dentro de varios años. Ahora bien, como hemos visto, los riesgos a los que se encuentran expuestas las personas consumidoras, como la manipulación y la desinformación, son actuales. Existe hoy en día una ausencia de regulación, por lo que resulta necesaria la actuación de las autoridades públicas.
Anabel Arias, experta en derechos digitales de CECU, sostiene que: “Hemos visto cómo un sistema de Inteligencia Artificial como el ChatGPT ha generalizado su uso de manera demasiado rápida. Sin embargo, no hay un marco regulatorio ni un análisis de riesgos que proteja a las personas consumidoras. Ya no podemos esperar a que se apruebe el Reglamento de IA, por lo que las autoridades públicas deben actuar proactivamente para protegernos y aplicar el principio de precaución. Que la AEPD inicie una investigación es un primer paso necesario para garantizar mayor control y protección para todas. Pero es necesario un debate profundo con implicación de la sociedad civil antes de generalizar estas tecnologías”.
