- Este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, CECU se suma a las demandas de las organizaciones internacionales y reivindica la necesidad de asegurar y reforzar la participación de las personas consumidoras para una transición energética justa
El sistema energético actual ha convertido un suministro básico, como es la energía, en un bien económico, convirtiéndonos en consumidores cautivos de un mercado cuyos precios no dejan de subir. En la situación actual de inflación generalizada, reforzar la participación ciudadana y la democratización del sistema es más urgente que nunca. Por ello, este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, desde CECU reivindicamos su papel en el proceso de transición energética y la necesidad de colocar sus derechos y necesidades en el centro de la respuesta a la crisis.
Ninguna de nuestras actividades cotidianas se podría llevar a cabo sin energía. El acceso al suministro eléctrico es un derecho básico, recogido en el número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. La subida de los precios de la electricidad ha puesto en evidencia el carácter indispensable de este bien básico al dejar a cada vez más personas en situación de vulnerabilidad energética. Según nuestra última encuesta, 4 de cada 10 personas consumidoras en España se encuentra actualmente en esa situación.
Para que esa transición energética sea justa y proteja a las personas consumidoras, es crucial que nuestros gobiernos actúen para evitar abusos y malas prácticas por parte de las empresas, controlar la escalada de precios y garantizar, así, el acceso al suministro eléctrico para todas las personas, indispensable para vivir una vida digna. Nuestros gobiernos deben, en primer lugar, actuar sobre la reducción del consumo, a través de una adecuada política de eficiencia energética, dirigida específicamente a las personas vulnerables. La rehabilitación de las viviendas permite obtener un doble beneficio al reducir no solo el gasto doméstico, sino también la demanda de energía global, asegurando también el buen estado de salud y bienestar de las personas. Pero el acceso a estas medidas no puede ser un lujo reservado a quien pueda permitírselo, sino un derecho garantizado para todas las personas.
El segundo factor sobre el que deben incidir es la necesaria transformación del sistema energético que acabe con las subidas de precio incontroladas y el aumento de la pobreza energética. La reforma del sistema debe ser justa, transparente, comprensible y asequible para todos los colectivos. En esta reforma el papel de las energías renovables será fundamental, no solo como fuentes limpias, para cumplir con los objetivos climáticos, sino también como fuentes democratizadoras, para hacer más predecibles, estables y justos los precios de la energía.
No obstante, este necesario proceso de transición energética no será posible sin la participación activa de las personas consumidoras en él, no únicamente desde la necesaria respuesta a la emergencia climática, sino también desde criterios meramente económicos, para hacer frente a la situación inflacionista. Las decisiones que tomamos cada día como personas consumidoras -la forma en que viajamos, cocinamos, calentamos o enfriamos nuestros hogares-, tienen el potencial de acelerar cambios transformadores para el planeta, pero los gobiernos y empresas deben hacer posible esa participación en el cambio a todas las personas.
Para ello, desde CECU solicitamos:
- El fomento de la participación ciudadana y transparencia en el mercado energético, a través de una auditoría de los precios de la energía que garantice que se paga un precio justo para cada fuente, especialmente en el caso de las grandes centrales hidroeléctricas.
- La implementación de mecanismos de gestión de la demanda que permitan aprovechar eficientemente la producción renovable.
- La remunicipalización de las redes de distribución eléctrica, cuya propiedad y gestión es monopolio natural de empresas privadas que gestionan con criterios económicos frente a la priorización de criterios de interés general y local, que impulsen el desarrollo y agilización de la transición energética.
- La inversión pública en producción de energía renovable, a través de la promoción y participación en comunidades energéticas, así como la gestión pública de las centrales de producción hidroeléctrica, que permitiría la participación pública activa en la producción de energía.
- La garantía de que todas las personas consumidoras puedan tener acceso a fuentes de energía renovables autoproducidas y puedan beneficiarse así del abaratamiento consecuente en la factura.
- La sustitución del bono social por un sistema de tarifa social que abandone su carácter asistencialista y haga frente de manera efectiva a la situación de pobreza energética.
