- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU denuncia la falta de protección permanente de la vivienda financiada con fondos públicos y critica que se puedan desviar fondos de rehabilitación a nueva construcción.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, que contempla numerosas ayudas para el fomento del parque público de vivienda, la rehabilitación de edificios y la reducción del esfuerzo económico que supone para los hogares el pago de la vivienda.
Sin embargo, CECU plantea serias dudas sobre la eficacia real del plan y lamenta su insuficiente ambición. La organización ha detectado distintas problemáticas que, a su juicio, pueden comprometer los objetivos planteados.
Ayudas para incrementar la oferta de vivienda social y asequible
Esta línea de financiación busca fomentar el incremento del parque de vivienda pública, la vivienda protegida de carácter permanente y el impulso de la vivienda en cesión de uso.
Según el Plan Estatal, las viviendas públicas deberán destinarse al alquiler o cesión de uso por un plazo mínimo de 50 años. Sin embargo, no se aclara qué ocurrirá con estas promociones una vez transcurrido ese plazo. “Es preocupante que no se garantice el destino a alquiler social con carácter permanente de viviendas financiadas con dinero público. Si no se blinda su carácter social más allá de 50 años, corremos el riesgo de que terminen incorporándose al mercado libre”, señala Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda de CECU.
Rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural
Otra de las líneas de financiación del plan está destinada a mejorar las condiciones energéticas de las viviendas, la seguridad y la accesibilidad. Se trata de un eje clave para cumplir con los objetivos europeos de rehabilitación y avanzar hacia un parque de vivienda adecuado a las necesidades de la población.
No obstante, CECU identifica dos carencias graves en este apartado. Por un lado, la ausencia de líneas de financiación específicas para la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables. Por otro, la posibilidad de destinar parte de estos fondos a la construcción de nueva vivienda.
“Se ha dejado fuera financiación específica para la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables y, además, se permite utilizar recursos de esta línea para construir vivienda nueva. Esto puede dejar proyectos de rehabilitación sin financiación en favor de la construcción”, denuncia Gutiérrez.
Además, el plan contempla la posibilidad de movilizar vivienda vacía mediante la rehabilitación para su incorporación al mercado de alquiler asequible. Sin embargo, CECU advierte de que esta obligación de destinarla a alquiler asequible solo se mantendría durante la vigencia de un contrato de arrendamiento, lo que podría favorecer procesos especulativos.
Las comunidades autónomas, clave para corregir las carencias del plan
Una vez establecidas las líneas generales del plan, comienza ahora el turno de los gobiernos autonómicos, encargados de concretar las distintas ayudas, requisitos y actuaciones en el marco de sus competencias en materia de vivienda.
En este sentido, CECU insta a las comunidades autónomas a corregir la falta de ambición del Plan Estatal de Vivienda y a priorizar medidas que garanticen una mayor protección del derecho a la vivienda.
Entre otras cuestiones, la organización reclama que se favorezca la rehabilitación de viviendas de personas vulnerables, que se dote de una mayor protección permanente a las viviendas adquiridas con fondos públicos y que las administraciones hagan un uso preferente de su derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público, frente a la construcción de nueva vivienda.
“El derecho a la vivienda exige políticas públicas valientes. No basta con movilizar recursos: es imprescindible asegurar que las ayudas públicas se traduzcan en vivienda en alquiler asequible de forma permanente”, concluye Gutiérrez.
