(Foto: Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico).
La pobreza energética es la prueba de que el sistema está fallando. Alcanzar la equidad energética debe ser objetivo prioritario de la transición energética.
Al comienzo de este año, el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico adquirió el compromiso de presentar una actualización de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, vencida en diciembre de 2024. Con el objetivo de comprobar el grado de efectividad de las medidas puestas en marcha, así como de avanzar en el diseño de nuevas medidas que contribuyan de manera estructural a aportar soluciones, el Gobierno está llevando a cabo un proceso de escucha activa con organizaciones sociales, entidades del tercer sector, empresas del sector energético y los propios afectados.
Desde CECU hemos participado de manera muy activa tanto en la consulta pública como en la reunión a la que nos convocó el ministerio, donde tuvimos ocasión de formular nuestras propuestas de mejora de las herramientas que ya están funcionando y presentamos nuevas propuestas de medidas de carácter más estructural.
Recientemente, el ministerio nos ha vuelto a convocar para avanzar en el diseño de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, y hemos presentado nuestra propuesta de una tarifa social: una medida que podría dar una solución más estructural a la pobreza energética, sin connotaciones asistencialistas.
El objetivo principal es conseguir bajar el precio tanto para los usuarios como para el sistema en su conjunto, así que esta tarifa social debería cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Se aplicaría de forma automática, identificando por nivel de renta y otras circunstancias especiales según recoge la normativa actual para beneficiarios del bono social.
2º.- Estaría exenta del pago del IVA por su excepcionalidad.
3º.- No abonaría nada en concepto de peajes y cargos, por lo que habría que hacer un nuevo procedimiento para el cálculo de reparto de estos costes que no tenga en cuenta a estos puntos de suministro.
4º.- Podría ser aplicada por cualquier comercializadora, no siendo necesariamente las comercializadoras de último recurso como hasta ahora.
5º.- El precio de la energía suministrada sería el de la tarifa PVPC.
6º.- En ningún caso podrá contratarse ningún servicio adicional en esta tarifa, como seguros de impagos o de averías de electrodomésticos, revisiones o mantenimientos.
7º.- Se llevaría a cabo por parte de la correspondiente compañía distribuidora una optimización de la potencia contratada a todos los suministros que tuvieran derecho a esta tarifa social para evitar un sobrecoste al resto de consumidores (pagar más potencia que la realmente usada o incluso que la instalada).
Erradicar la pobreza energética no solo es una forma de garantizar los derechos de todas las personas, sino que se trata de una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y por supuesto, de justicia social.
