- Analiza cómo afectan en las facturas eléctricas los cambios incorporados en el Real Decreto-ley 9/2024, que modifica algunas de las medidas excepcionales aprobadas en 2021 para hacer frente a la crisis energética
- Aunque necesaria, la organización valora como insuficiente la prórroga de la prohibición de cortes de suministros a beneficiarias del bono social y reivindica soluciones eficaces y permanentes contra la pobreza energética
Desde el 1 de enero de 2025, el IVA aplicado a las facturas eléctricas vuelve a situarse en el 21%, tras 4 años de reducciones implementadas con el objetivo de hacer frente a la crisis energética y proteger a la ciudadanía de la inestabilidad de los precios. Esta es una de las novedades incorporadas en el nuevo Real Decreto-ley 9/2024, aprobado el pasado 23 de diciembre, que modifica y prorroga algunas de las medidas del escudo social. A esto, se le suma la recuperación del IEE (Impuesto Especial de Electricidad) al 5,11% y el IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica) al 7%.
Soledad Montero, experta en energía de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, considera que “es demasiado pronto para retirar estas reducciones por completo, ya que las personas consumidoras no han podido recuperar todavía el poder adquisitivo perdido en el último periodo.”
El fin de las reducciones del IVA coincide también con un aumento para las personas consumidoras de más de un 30% de los cargos del sistema (Orden TED/1487/2024, de 26 de diciembre), una parte de los de costes regulados que se incluyen en las facturas y que se suman al precio de la energía consumida. Estos cargos remuneran, las anualidades del déficit de tarifa y sus correspondientes intereses bancarios, el extracoste del régimen específico para la producción renovable, cogeneración y residuos, RECORE, y el extracoste de los sistemas insulares, entre otros costes.
«Algunos de estos conceptos incluidos en los cargos del sistema deberían ser incorporados al precio de la energía para no considerarlo como un coste propio del sistema”, añade Montero. “Porque tememos que, si el peso de estos costes iguala o incluso supera en nuestras facturas al precio de la energía consumida, esto desincentive a las personas consumidoras a reducir su demanda o a implementar medidas de eficiencia energética.”
Bono social
El nuevo RDL extiende también la prohibición de cortes de suministros de agua, luz y gas a las personas beneficiarias del bono social durante todo el año 2025, que lo son tanto por motivo de renta como por ser familia numerosa. También se mantiene la rebaja progresiva de los descuentos aplicados por bono social, que se alargan 6 meses más.
“Aunque esta prórroga era indispensable, la consideramos del todo insuficiente como solución eficaz y permanente a la vulnerabilidad y a la pobreza energética”, añade Montero, que reivindica la urgencia de implementar una reforma del bono social que garantice la protección de todas las potenciales beneficiarias. “Según el INE, en España hay más de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, pero solo 1,6 son beneficiarias del bono social. Esto se traduce en que al menos 11 millones de personas que podrían necesitarlo no se están beneficiando de estas medidas de protección.”
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