Durante este 2023 que está a punto de terminar, ha habido un tema recurrente en las conversaciones y las noticias: el agua, tanto por la falta de lluvias como por las lluvias torrenciales que ha sufrido nuestro país, como en Madrid y Toledo; por la disponibilidad o no de esta agua para regar zonas de cultivo con un elevado estrés hídrico, como Doñana; por no poder beber agua de grifo en pueblos de Zamora y Salamanca y del norte de Córdoba; o por la preemergencia decretada en el mes de noviembre en Cataluña, debido a la importante sequía que sufren.
De lo que se ha hablado menos es de los planes estratégicos que se deben tomar para garantizar el derecho humano al agua, tal y como reconoce la ONU desde 2010; es decir, que todas las personas dispongan de acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros, asequibles y fiables. Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar este objetivo, también en España: además de problemas más puntuales (aunque estructurales), una parte importante de la población española no tiene garantizado el acceso a agua potable en sus viviendas, siendo los casos más claros las personas que viven en asentamientos informales, como parte de la población gitana o las jornaleras de los campos de cultivo de Huelva.
Con el objetivo de avanzar en la resolución de esta vulneración de derechos fundamentales, en los primeros días de este año 2023 el Gobierno de España publicó el Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Por primera vez, España ha incorporado el Derecho humano al agua dentro de su legislación. Lo ha hecho bajo 3 premisas: definir cuánto debe ser el mínimo de agua suficiente que llegue a nuestros hogares, promocionar el agua de grifo y avanzar en su acceso para todas las personas. De especial importancia es que se deben adoptar las medidas necesarias para mejorar el acceso al agua de consumo para toda la población, en especial la más vulnerable o en riesgo de exclusión social, alcanzando una dotación mínima de 100 litros por habitante y día.
Sin embargo, no recoge la necesidad de garantizar el acceso en situaciones de vulnerabilidad ni la prohibición de cortes de suministro. Este hecho, de forma temporal, se ha visto protegido gracias al Escudo social, prorrogado hasta diciembre de 2023, que “impide suspender los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.” Diferentes organizaciones, sin embargo, exigen una ley estatal de mínimo vital para evitar cortes de agua y garantizar el suministro mínimo vital en las situaciones de vulnerabilidad económica y social.
Otro de los aspectos críticos y urgentes es la identificación de la población vulnerable o en riesgo de exclusión social, cuya responsabilidad recae sobre las Comunidades Autónomas y las entidades locales para su identificación y avances en garantizar sus derechos. Que podamos conocer, no han existido grandes avances a este respecto.
Esperamos que en 2024 el Gobierno de España y las administraciones autonómicas y locales, así como los operadores de agua, avancen en la garantía de acceso al derecho humano al agua para toda la población.
