- Urgimos al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que incluya exclusivamente las medidas sociales derogadas y a PP y Junts a no poner obstáculos a su convalidación
- Moncloa y el MITECO deben cambiar la dinámica de prórrogas y apostar por la consolidación permanente de derechos
La no convalidación ayer del Real Decreto-ley 9/2024 puede conllevar terribles consecuencias para 1,6 millones de hogares vulnerabilizados. El efecto más inmediato: decae la protección frente al corte de suministros y, por tanto, podríamos vivir una oleada de interrupciones por impago nunca vista si la situación no se enmienda.. Por ello, más de veinte organizaciones que trabajamos en la lucha contra la pobreza energética urgimos al Gobierno a aprobar cuanto antes un nuevo decreto ley que evite este escenario.
El voto en contra de PP, Junts y Vox ha generado una situación inédita, dado que desde marzo de 2020 la protección frente al corte se ha ido prorrogando periódicamente, evitando miles de cortes por impago en hogares vulnerabilizados. La solución es meridiana: el Gobierno debe convocar cuanto antes un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un nuevo decreto ley que incluya exclusivamente las medidas del escudo social y no abra la puerta a que otros debates políticos puedan poner en riesgo su posterior convalidación.
En materia energética, el llamado decreto ómnibus incluía la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares acogidos al bono social eléctrico (1.641.084, según las últimas cifras disponibles), así como descuentos ampliados del mismo bono social hasta finales de año. En este sentido, es necesario aclarar que dichos descuentos ampliados no decaen completamente, sino que pasan a ser los que se aprobaron en junio de 2024 mediante el Real Decreto-ley 4/2024.
La situación actual se debe, en parte, a la dinámica del Gobierno de ir prorrogando las medidas sin convertirlas en estructurales. La sociedad civil ha reclamado en múltiples ocasiones la necesidad de consolidar dichas medidas e integrarlas en la normativa sectorial (sector eléctrico, hidrocarburos y aguas) con carácter permanente. Hasta entonces, los hogares vulnerabilizados de todo el Estado estarán a merced de las dinámicas parlamentarias y las estrategias políticas.
A corto plazo, el Gobierno debe evitar que la desprotección se prolongue a través de la aprobación de un nuevo decreto ley y las diferentes fuerzas parlamentarias (sobre todo PP y Junts) no deben poner obstáculos a su convalidación si sólo se incluyen medidas de carácter social. No obstante, Moncloa y especialmente el MITECO deben abrir un periodo de reflexión y apostar por la consolidación de las medidas: los derechos no se prorrogan, se garantizan permanentemente. Por ello volvemos a ofrecer nuestra colaboración al Gobierno para trabajar de manera conjunta en propuestas estructurales que solucionen de manera definitiva y que consoliden el acceso a los suministros básicos como un derecho universal.
Organizaciones firmantes: Aeioluz, Aigua és vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Amigas de la Tierra, CECU, Consejo General del Trabajo Social, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Diecisiete Coop, ECODES, Ecoserveis, Ecologistas en Acción, Energía Bonita, Ingeniería Sin Fronteras, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red Agua Pública, Socaire, Torreblanca Ilumina, Unión Renovables, Xarxa per la sobirania energètica.
