El problema es que, a menos que la compañía esté dispuesta a proporcionar una compensación, los perjudicados deben acudir a los tribunales para obtenerla. Y pocos tienen el tiempo o los recursos económicos para hacerlo individualmente, especialmente cuando se trata de un consumidor individual que se enfrenta a una gran corporación.
Tenemos el escándalo de emisiones de diesel, donde Volkswagen comercializó automóviles mucho más contaminantes de lo que deberían haber sido. De los 8 millones de consumidores europeos que se estima han sido afectados, casi ninguno ha acudido a los tribunales individualmente, y mucho menos ha recibido alguna compensación.
La actitud intransigente de Volkswagen al negarse a compensar a los clientes en la UE contrasta con la situación en los EE.UU., donde los clientes fueron compensados rápida y generosamente, pone de manifiesto la mayor escasez de recursos de los consumidores europeos. Probablemente fue la gota que colmó el vaso e hizo que la Comisión Europea actuara.
Propuso que en cada país de la UE debería existir la posibilidad de presentar lo que se llama una acción de grupo/acción colectiva/acción de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
En estas acciones, una organización, generalmente un grupo de consumidores, representa a todos los consumidores afectados colectivamente. Como resultado estas acciones son más poderosas y efectivas que los procedimientos individuales. Y a menudo son la única forma de ayudar a los consumidores a obtener la justicia que merecen. De esta forma los perjudicados, a nivel individual, han de dedicar mucha menos energía, tiempo y dinero a este tipo de procedimiento.
Sin embargo, solo un pequeño número de países de la UE tienen un procedimiento legal en funcionamiento y relativamente fácil de usar. En España, el procedimiento de ejecución del art. 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido en muy escasas ocasiones aprovechado por los consumidores.
La Comisión Europea finalmente presentó una propuesta para proporcionar un mejor acceso a la justicia para todos los consumidores europeos: una acción colectiva para obtener compensaciones y a disposición de los consumidores en toda la Unión Europea.
Pero lo que ha ocurrido desde la publicación de la propuesta puede tildarse de escándalo. Los grupos empresariales, que anteriormente rechazaron cualquier iniciativa legislativa para permitir acciones colectivas, ahora se están movilizando para acabar con esta propuesta, esta vez con la ayuda de los EE.UU. Una campaña, encabezada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que representa a grandes corporaciones estadounidenses y que a menudo también son activas en Europa, ha socavado la propuesta legislativa de la mayor medida posible. Y parece que esta posición está ganando terreno entre los miembros del Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales, que modifican la propuesta antes de que pueda convertirse en norma comunitaria.
Es vergonzoso que los intentos de organizaciones como la Cámara de Comercio de EE.UU., que piden salvaguardas para proteger a las empresas, estén ganando terreno entre las instituciones encargadas de la toma de decisiones. La realidad es que la mayoría de estas «salvaguardas» son, de hecho, obstáculos para hacer que el procedimiento sea más difícil aprovechamiento.
La UE debe demostrar que puede crear un sistema de acción colectiva que funcione para los consumidores, no uno que tenga innumerables restricciones para aplacar las preocupaciones empresariales. La incitación al miedo a instancias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otras instituciones, acerca de demandas colectivas al estilo de los Estados Unidos que llegan a Europa y destruye determinados escenarios empresariales, es una distracción del verdadero problema: que los consumidores con demasiada frecuencia no pueden obtener justicia cuando han sido perjudicados.
Las numerosas enmiendas propuestas por las organizaciones empresariales, si prosperan, podrían llevar a una herramienta que es a la vez demasiado complicada y difícil de aplicar.
En los países de la UE con un sistema de acciones colectivas en funcionamiento, no hay casos de «abuso» ni un solo caso registrado de concurso de acreedores de la empresa reclamada como consecuencia de una acción colectiva. Las empresas honestas no deben preocuparse, son los tramposos quienes deberían hacerlo.
La UE debe asegurarse de que esta propuesta para crear acciones grupales ayude a los consumidores de una manera efectiva y que se convierta en norma en vigor rápidamente. Lo que pedimos es justicia, no obstáculos.
