Antes de dar nuestra opinión quisiera hacer un breve recordatorio. Con la liberalización de la telefonía desapareció el llamado servicio público y se llamó Servicio Universal, desaparecieron las guías, las cabinas y la brecha digital cada vez es mayor. Un servicio que podría -y debería- propiciar un desarrollo rural sostenible no lo está permitiendo porque en muchos lugares de la España rural no llega internet o al menos en unas condiciones mínimas de calidad. En cuanto a la energía, en estos días pasados de gran temporal, zonas de la serranía de Albacete estuvieron cerca de una semana sin suministro. La liberalización de la energía en los grandes núcleos urbanos ha traído más competencia y, por ende, más oferta de precios y servicios; por el contrario en las pequeñas poblaciones o núcleos rurales, como en la telefonía, el servicio cada vez es de peor calidad y más escaso (constantes y prolongadas interrupciones del suministro, facturaciones irregulares, dificultades para hablar con las entidades, etc.).
Con la liberalización del transporte por carretera y ferrocarril se repiten los mismos patrones. Los transportes terrestres están en plena ebullición; muchas de las licencias intracomunitarias o VAC están caducadas o van a caducar; se modifica la LOTT y la ROTT; la Comunidad Europea impone la liberalización del transporte y volvemos a lo mismo: en las grandes poblaciones donde cuentan con rutas rentables van a tener mayor competencia y, con ello, mejores servicios y mejores precios pero ¿qué pasa con las zonas no rentables, es decir, los núcleos urbanos dispersos y las zonas rurales?, ¿quién les va a dar servicio, con qué calidad y a qué precio? El Estado español y la Comunidad Europea debieran cambiar los sistemas de concesión de licencias y concurrencia y garantizar un servicio universal, público, asequible y de calidad a partir de subvenciones adecuadas para su mantenimiento, de lo contrario, esta liberalización, aparte de los propios problemas inherentes a la misma, conseguirá que la brecha entre las grandes ciudades y zonas rurales se haga cada vez mayor, como ha pasado en el resto de servicios.
Por su parte, el ferrocarril en España ha sufrido a lo largo de las últimas décadas una transformación extraordinaria. Desde la inauguración de la primera línea de AVE Madrid-Sevilla hay una carrera muy fuerte por dotar a todas las poblaciones del susodicho AVE (Valencia, Cataluña, Toledo, etc.). Todas las ciudades, todas las Autonomías quieren el AVE o, por lo menos, una parada, y si es posible fuera de la ciudad para urbanizar las zonas que antes no eran urbanas. En grandes zonas urbanas España pasó de estar a la cola en este tipo de transporte de tren rápido a ponerse a la cabeza con inversiones cada día más cuantiosas, inversiones que nos imaginamos tardaran varias décadas en amortizar, y graves ataques al entorno medioambiental sin importar su destrozo. Y, ¿qué pasa con las líneas tradicionales (Feve, Cercanías y trenes convencionales)? Las inversiones en infraestructura no existen, la calidad del servicio cada vez es peor (estaciones en mal estado, frecuencias cada vez menores, abandono de las líneas, etc.); promesas de grandes corredores y líneas del AVE que no se cumplen. Sinceramente, si la Comunidad Europea y el Gobierno español no ayudan al ferrocarril convencional éste acabará desapareciendo. Así como el transporte terrestre, en las zonas rentables contará con una gran oferta en calidad, cantidad y precios; por el contrario, en las zonas no rentables y las zonas rurales su abandono provocará peores servicios y una mayor brecha entre el mundo rural y urbano dejando el célebre enunciado de «el desarrollo rural sostenible» sin sentido y vacío.
La experiencia nos muestra la cruda realidad: tenemos la brecha digital más grande de Europa; tenemos la energía domestica más cara de Europa, cuando antes teníamos la más barata. En la actualidad estamos viendo que los transportes no están funcionando correctamente. El Gobierno de turno lo supedita a una oferta o licitación que en la mayoría de los casos, al cabo de dos tres años, se tiene que modificar porque la ruta solo es rentable en una Autonomía pero cuando sale de la misma ya no lo es, por ello se suprime o modifica perjudicando a los usuarios dejando a estos desamparados.
Ante los nuevos retos de la liberalización de los transportes, tanto por carretera como de ferrocarril, la Unión Europea y el Estado español deben aprobar leyes y reglamentos que de una manera más armoniosa regule el mercado para que este sea rentable y competitivo pero también un instrumento y un servicio público por el cual se desarrollen nuestros pueblos; de lo contrario, como en las liberalizaciones anteriores, la separación o brecha entre zonas rentables y no rentables cada día será mayor.
Antonio Pomares Ripio
Confederación de Consumidores y Usuarios
