La bajada del tipo impositivo en el consumo eléctrico es una de las medidas que viene exigiendo desde hace años nuestra Confederación; no obstante en este caso nos parece insuficiente por su temporalidad y el sistema aprobado para su aplicación, más aún cuando hablamos de consumidores vulnerables, de los cuales solo se podrán beneficiar el 50%, salvo que el precio del Mwh sea superior a 45 €.
Sin perjuicio de considerarla una medida necesaria pero mejorable, creemos que lo realmente importante es repensar el actual sistema de fijación de precios, ya que un servicio de primera necesidad para todos los ciudadanos no debería quedar condicionado por las reglas del libre mercado donde participan, directa o indirectamente, grandes empresas y fondos de inversión que solo buscan maximizar sus beneficios. Es por ello que es fundamental apostar decididamente por las energías renovables, no tan dependientes de mercados como el del CO2, del gas o del barril de Brent. Debemos dejar de considerar el suministro eléctrico como un bien de mercado y configurarlo con un servicio público y de primera necesidad.
De esto da cuenta que el Gobierno haya solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que “analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores coincidente con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria”; así como la petición que hizo el ministro Garzón a este mismo organismo para que investigara si hubo manipulación en la fijación del precio de la luz en plena ola de frio tras la borrasca Filomena; sin olvidarnos de lo ocurrido en 2013, un año en el que las subidas trajeron como consecuencia la anulación de las subastas CESUR que acabó derivando en un procedimiento sancionador por parte de la CNMC.
Por otra parte, el actual clima de confusión por los cambios recientes experimentados en el suministro eléctrico, unido a la insuficiente formación del consumidor en la materia – su complejidad ha sido motivo también de denuncia por parte de las asociaciones de consumidores- y las campañas publicitarias que se están poniendo en marcha por varios operadores para promocionar el paso al mercado libre, puede conllevar decisiones precipitadas de cambio de contrato, desconociéndose el alcance real de las ventajas que tendrá para el bolsillo.
Finalmente, en relación con los consumidores vulnerables, colectivo prioritario a proteger, la única herramienta que actualmente tiene a su alcance para combatir la pobreza energética es el bono social y este ha demostrado, pese a sus sucesivas modificaciones en las condiciones de acceso, su inoperancia para reducir la creciente desigualdad de la población y dotar al colectivo de un acceso digno al suministro.
Actualmente, el bono social beneficia a 1.099.183 familias o puntos de suministro, pese a que las estadísticas del INE, apoyadas en el indicador AROPE, establecen que el riesgo de pobreza afecta al 25% de la población.
Desde CECU proponemos retomar el concepto de tarifa social, con objeto de garantizar al colectivo de consumidores vulnerables el acceso a un servicio esencial como es la electricidad.
CECU
