La trasposición de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad a la legislación española, para avanzar en la necesaria transición energética, se ha llevado a cabo en nuestro país mediante la aprobación de una serie de medidas, necesarias y beneficiosas para los consumidores a juicio de CECU, tendentes a sustituir los actuales peajes de acceso del sector eléctrico separándolos en dos conceptos distintos peajes de redes, que regulará la CNMC, y cargos, que serán regulados por la Administración General del Estado.
Este proceso de cambio ha sufrido un retraso en su calendario de implantación debido a varios factores: la situación de la pandemia no permitió a las compañías eléctricas el inicio del proceso de adaptación al nuevo sistema y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para garantizar el acceso a suministros básicos durante el periodo de crisis sanitaria.
Medidas adoptadas hasta el momento
1º.- Un nuevo modelo de factura eléctrica con una nueva estructura tarifaria de peajes y cargos. La justificación dada es la intención de fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.
Este cambio no modifica el precio de la electricidad, solo modifica el reparto que se hace, trasladando algunas de las partidas del término de potencia al término de energía. Se baja el precio del término de potencia (el fijo) y sube el de la energía (el consumo). La justificación dada es trasladar al usuario el beneficio de hacer un uso consciente y de adoptar medidas de eficiencia que tengan como reflejo un retorno económico en las facturas.
2º- Aprobación del Proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).El proyecto prevéun nuevo ingreso del sistema que servirá para cubrir los costes fijos del RECORE (primas a las renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos) que se recaudará a través de las empresas y que hasta ahora se financiaban a través de los peajes de acceso de la factura eléctrica. Será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y tendrá un calendario de implantación gradual durante cinco años.
Esto trasladará la partida económica que supone el RECORE de los cargos a los costes de energía, de modo que deja de pagarse de forma alícuota entre todos los consumidores a ser proporcional a su consumo.
3º.- Tramitación de un Anteproyecto de Ley para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico para centrales que entraron en operación con anterioridad a la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión (2005). Con esto se evita la sobreretribución que el sistema marginalista permite a las centrales de generación con tecnologías no emisoras (nuclear e hidráulica).
La tramitación va por vía de urgencia debido a la situación de subida de precios. Se pretende reducir el impacto económico con el que el sistema marginalista retribuye a las tecnologías no emisoras, para contribuir así a la bajada del precio de la energía, pero esta medida podría producir un efecto contrario si aumenta la participación del gas en las ofertas del mercado diario, por lo que no garantiza el efecto positivo de la bajada de precios.
NUESTRO ANÁLISIS
Subida de precio y mercado mayorista
El precio de la energía en el mercado mayorista lleva experimentando fuertes subidas durante todo el año debido al sistema marginalista de fijación de precios por el aumento de los precios del gas, del barril de Brent y de los derechos de emisión de CO2.
Esta situación denota que el sistema eléctrico en España necesita una reestructuración profunda debido a que se diseñó en un contexto con altos precios en la electricidad, un mix de generación mayoritariamente fósil y una demanda creciente. Sin embargo, el paradigma energético ha cambiado con la introducción paulatina de tecnología renovable y el papel que se ha otorgado a las centrales de ciclo combinado, cuyo combustible es gas y carbón, así como a la energía hidráulica como servicio de respaldo a la intermitencia de otras fuentes renovables como la fotovoltaica y la eólica.
Estas tecnologías son vitales para el sistema eléctrico por tanto su utilización debería centrarse en el interés general del sistema y no en la maximización de beneficios económicos de las empresas concesionarias de su uso. Por ello sería beneficioso para los consumidores plantear que puesto que los costes del sistema se financian a través de los peajes (transporte y distribución) y cargos (retribución RECORE, operador del mercado, extracostes insulares, operador del sistema, cuotas de combustible nuclear y gestión de residuos, pagos por capacidad, anualidades del déficit de tarifa, servicio de interrumpibilidad y servicios de ajuste), que la conformación del precio de la energía en el mercado mayorista no sea mediante una subasta de sistema marginalista, sino que se retribuya a cada tecnología según sus costes reales.
El sistema marginalista, a pesar de ser utilizado en otros mercados de Europa, en España, debido al mix tan diverso de producción y la alta penetración de energías renovables, no permite una justa retribución de cada una de las tecnologías participantes, incrementando el precio para los usuarios y el consecuente beneficio creciente para las compañías. La falta de equilibrio entre unos y otras es palmaria.
Modificaciones aprobadas en Consejo de Ministros de 24 de junio de 2021.
Bajada del tipo impositivo del IVA, pasando del 21% al 10% de manera temporal para contratos en baja tensión con potencia contratada de hasta 10 kW siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 €/MWh.
La bajada del tipo impositivo del IVA en el consumo eléctrico ha sido uno de los caballos de batalla de las organizaciones que conforman CECU por lo que nada tenemos que objetar, pero sí criticar su temporalidad y el sistema aprobado para su aplicación. La bajada del impuesto no es la solución mágica a los graves problemas del sector eléctrico para los usuarios. Las posibles soluciones deben venir dadas tras un debate en profundidad en el que todos los actores implicados puedan aportar propuestas y consensuar el modelo energético y tarifario que queremos. La voz de los consumidores debe ser oída durante todo el proceso. La participación directa asegura la implicación de la ciudadanía en las decisiones que les afectan.
El condicionante aprobado hoy en relación con la aplicación del tipo impositivo del IVA al 10% siempre y cuando “el precio mediomensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh” vuelve a colocar al consumidor, como en otras cuestiones relacionadas con el sector eléctrico, en una situación desequilibrada. El derecho a la información se impide desde una doble vertiente: por un lado, la dificultad de acceso a los datos relacionados con el precio medio y, por otro, la propia complejidad del formato en el que se presentan dichos datos.
La rebaja aislada del impuesto del IVA traerá también una merma importante de los ingresos públicos, teniendo en cuenta que hay más de 26 millones de puntos de suministro con hasta 10 kW de potencia contratada con facturación mensual. Esa merma no debe afectar al estado de bienestar y a las políticas públicas de protección social.
Nuestras preocupaciones
Además de lo apuntado hasta el momento, nos preocupa la situación de desprotección que están viviendo los consumidores. Fundamentalmente por tres factores:
1º.- El actual clima de confusión por los cambios recientes experimentados en el suministro eléctrico, unido a la insuficiente formación del consumidor en la materia – su complejidad ha sido motivo también de denuncia por parte de las asociaciones de consumidores- y las campañas publicitarias que se están poniendo en marcha por varios operadores para promocionar el paso al mercado libre, puede conllevar decisiones precipitadas de cambio de contrato, desconociéndose el alcance real de las ventajas que tendrá para el bolsillo.
2º.- Que desde el gobierno se haya solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) “que investigue si ha habido irregularidades en el mercado” nos trae a la memoria anteriores manipulaciones de precios como la sucedida en 2013, un año en el que las subidas trajeron como consecuencia la anulación de las subastas CESUR que acabó derivando en un procedimiento de sanción por parte de la CNMC a una compañía eléctrica; tampoco han de olvidarse los expedientes que se han ido incoando después de esa fecha contra algunas compañías por infracciones graves de la Ley del Sector Eléctrico, también por manipulación de precios.
3º.- En relación con los consumidores vulnerables, colectivo prioritario a proteger, la única herramienta que actualmente tiene a su alcance para combatir la pobreza energética es el bono social y este ha demostrado, pese a sus sucesivas modificaciones en las condiciones de acceso, su inoperancia para reducir la creciente desigualdad de la población y dotar al colectivo de un acceso digno al suministro.
Actualmente, el bono social beneficia a 1.099.183 familias o puntos de suministro, pese a que las estadísticas del INE, apoyadas en el indicador AROPE, establecen que el riesgo de pobreza afecta al 25% de la población.
Desde CECU proponemos retomar el concepto de tarifa social, con objeto de garantizar al colectivo de consumidores vulnerables el acceso a un servicio esencial como es la electricidad.
