En el acto, todos los sectores implicados en esta problemática (consumidores, administración y empresas) debatieron ampliamente sobre la falsificación de productos y sus consecuencias económicas, medioambientales, sanitarias y laborales. Entre los asistentes, se contó con la presencia de representantes de entidades como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Agencia Tributaria, la Policía Judicial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, la Asociación para la Defensa de Marca, Comisiones Obreras, la Unión Democrática de Pensionistas o la propia Confederación de Consumidores y Usuarios. Del fructífero debate, se extrajeron interesantes conclusiones, entre las que destacan:
• La falta de concienciación social sobre las consecuencias de la compra de productos falsificados obliga a emprender acciones de sensibilización y formación en esta materia. También es preciso emprender actuaciones educacionales dirigidas a niños.
• La inexistencia de una sola autoridad española encargada de la lucha contra la falsificación de productos implica ciertas dificultades. Por ello, se requiere de acciones coordinadas.
• Los consumidores han de ser conscientes de que el precio de los productos falsificados no debe ser el motivo principal para su compra. Los riesgos para la salud deberían ser motivo suficiente para que los propios consumidores exigieran la retirada del mercado de las falsificaciones.
• La proliferación de la venta online ha supuesto también el incremento de la venta de falsificaciones a través de ese canal. El sistema normativo actual dificulta seriamente el cierre o bloqueo de las páginas web de venta de falsificaciones.
• Se precisa de mayores medios para la inspección y detección de productos falsificados en los puertos de destino de esas mercancías. La creación de juzgados, fiscalías y procedimientos especializados en la materia también podría suponer un impulso efectivo en la lucha contra las falsificaciones.
• La tipificación de la falsificación de productos en el vigente Código Penal debería ser objeto de revisión al ser evidente la implicación de redes mafiosas en la producción de falsificaciones.
• Es preciso actuar contundentemente contra las empresas que vendan productos falsificados en sus establecimientos autorizados.
• La destrucción de empleos en el pequeño comercio por culpa de la competencia que sufren de productos falsificados ha de ser tomada en cuenta en la lucha contra la falsificación.
• La violación de los derechos humanos de los trabajadores, abocados por su precaria situación económica y social a trabajar para organizaciones de falsificadores, es una gravísima consecuencia que debe ser objeto de actuaciones.
• La defraudación fiscal que implica la venta de falsificaciones afecta no sólo al Estado sino también a todos los ciudadanos.
• Los medios de comunicación de titularidad pública deberían diseñar e incluir espacios dirigidos a educar y concienciar contra la falsificación de productos.
Además de esta interesante conversación entre los sectores implicados, el proyecto ha contado con la edición de diversos materiales divulgativos que buscan frenar la compraventa de productos falsificados: un vídeo de sensibilización, un boletín electrónico con artículos contra las falsificaciones realizados por múltiples personalidades y un espacio web en el que se incorporan a lo elaborado en años anteriores, todos los materiales e información realizada en 2016.
Javier Andaluz. Ecologistas en Acción. 645 51 81 04
Carlos Martínez. Comisiones Obreras. 608 75 56 77
Sagrario Monedero. InspirAction. 615 23 98 78
*Alianza por el Clima es una coalición de más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores; entre otras, apoyan esta propuesta: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, CCOO, USO, Caritas Española, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Manos Unidas, InspirAction, ONGAWA, UPA, ATTAC, Avaaz, FRAVM, AMA, Px1NME, ECODES, Fundación Global Nature, Oxfam Intermon, Alianza por la Solidaridad COAG, CECU, Asgeco, Hispacoop, OCU y Fundación Renovables.
