- La organización exige un reparto justo de los costes derivados del descenso del consumo de gas, con especial protección a los hogares con menor poder adquisitivo o a los que no tienen capacidad de decisión, como las personas inquilinas.
- El último informe publicado por CECU, la organización europea BEUC y las francesas CLCV y Que Choisir Ensemble traslada recomendaciones políticas para una descarbonización justa
Europa sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles y no tiene una hoja de ruta específica con planes claros para gestionar su eliminación gradual. Para evaluar los riesgos que esto puede tener para las personas consumidoras, BEUC, la organización europea de consumidores, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y las organizaciones francesas Consommation Logement et Cadre de vie (CLCV) y Que Choisir Ensemble, han publicado un informe en el que analizan los casos de España y Francia y trasladan recomendaciones a los dirigentes políticos. El estudio, realizado por el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados y la Escuela de Regulación de Florencia (FSR), advierte de que, si no se garantiza un reparto justo del sobrecoste, los consumidores que permanezcan conectados a la red de gas podrían enfrentarse a subidas desproporcionadas en sus facturas.
Como ha ocurrido durante la crisis energética de 2022 o la actual guerra en Oriente Medio, la ausencia de un marco regulatorio claro para la transición energética expone a las personas consumidoras a una volatilidad recurrente en los precios del gas. Sumado a esto, el estudio estima que los costes de distribución (peajes) podrían aumentar en España en un 55% en 2030, 102% en 2040 y 127% en 2050. Esto se traduciría en un incremento de las facturas medias anuales de gas de aproximadamente 140€ en 2040 y 178€ en 2050 para un hogar medio (6 MWh/año).
Aunque el impacto previsto en España es menos inmediato que en Francia, donde las facturas podrían aumentar 317€ ya en 2030, el estudio alerta de que la tendencia es clara y común: quienes no puedan cambiar de sistema de calefacción asumirán un coste cada vez más alto. Esto afectará de manera desproporcionada a los consumidores que tengan dificultades para afrontar la inversión inicial de la electrificación o a los que no tengan la capacidad de tomar esta decisión por sí mismos, como los inquilinos.
Soledad Montero, experta en energía de CECU: «La transición energética no puede hacerse de espaldas a las personas consumidoras. Este informe confirma que el riesgo de que los hogares vulnerables asuman en mayor proporción el sobrecoste del declive del gas es real. Por eso insistimos en que cualquier estrategia de descarbonización debe incluir medidas que garanticen que nadie se quede atrás. Es una cuestión de justicia social».
El estudio muestra una conclusión muy clara: la verdadera cuestión no es si dejaremos de usar gas en nuestros hogares, sino cómo se gestionará. Tener en cuenta la implementación de medidas de protección de los derechos del consumidor, como se propuso recientemente en el Paquete de Energía Ciudadana de la UE será decisivo para una transición energética justa para todas.
Para evitar este escenario y orientar las políticas de descarbonización de manera justa, las organizaciones trasladan algunas recomendaciones políticas:
- Se debe garantizar por parte de La UE y de los gobiernos nacionales que los planes de desmantelamiento de las redes locales de gas estén listos en 2030. De esta forma, las personas consumidoras podrán tomar decisiones informadas sobre su sistema de calefacción y agua caliente.
- Los consumidores deben ser informados con al menos 10 años de antelación sobre los planes de cierre de la red de gas, para que puedan planificar sus inversiones en nuevos sistemas de climatización sin prisa ni costes imprevistos.
- Los costes del desmantelamiento de la red y de la desconexión de los hogares deben repartirse de manera equitativa, garantizando que el impacto en las facturas energéticas de los consumidores sea asumible.
- Se necesitan planes de apoyo específicos para afrontar los elevados costes iniciales de la electrificación. Las ayudas deben ser predecibles, accesibles y adaptadas a los diferentes perfiles sociales. Se debe contar con medidas específicas para quienes no pueden cambiar fácilmente de sistema de calefacción, bien por sus condiciones económicas o bien por no ser propietarios de su vivienda, como en el caso de los inquilinos, para que no sufran una carga injusta por el aumento de las facturas del gas.
- Desde la Plataforma por la descarbonización del calor y el frío, en la que participa CECU, ya se ha trabajado en una memoria económica que plantea propuestas adaptadas a distintos perfiles sociales y herramientas de financiación diversificadas.
Consulta aquí el informe en español y el informe completo en inglés.
