A continuación se detallan las que son, en opinión de CECU, algunas de las medidas más necesarias para los consumidores:
– Promoción y protección de los derechos de los consumidores: CECU considera pertinente la aprobación de un Plan Estratégico plurianual de protección a los consumidores. Es fundamental una mayor actuación y contundencia de la Administración frente a las actuaciones que vulneran los derechos de los consumidores, aplicando de forma efectiva el artículo 48 del RDL 1/2007 (que incluye daños y perjuicios) e incrementando el importe de las sanciones. En este sentido, es también fundamental la visualización del consumo como algo importante en las políticas de Estado y, para ello, es necesario recuperar la denominación de “Consumo” dentro del Ministerio de Sanidad. Diseño de políticas efectivas que protejan de los fraudes y malas prácticas a los consumidores más vulnerables, incluyendo la protección de los menores.
– Legislación, servicios y seguridad: aprobación de una Ley de Servicios de Atención al Cliente, al ser insuficiente lo introducido hasta ahora. Respecto a la electricidad, debe concretarse un “precio razonable” que no produzca discriminaciones y evite la exclusión energética, garantizando el acceso universal al servicio para el usuario doméstico. En cuanto al déficit de tarifa, han de buscarse soluciones para atajar el problema del déficit sin cargar todo el peso en los consumidores y se deben eliminar los impedimentos al autoconsumo. En telefonía, debe haber un mayor control sobre las prácticas abusivas de las operadoras en cuestiones de información, portabilidad y penalización por incumplimiento de la misma. Debe establecerse más vigilancia sobre las modificaciones masivas de los términos contenidos en los contratos con los consumidores, así como respecto de la publicidad emitida para la promoción de dichos contratos. Han de regularse también los derechos del nuevo consumidor digital. En las cuestiones de seguridad de los productos, hay que incrementar las acciones de control en aduanas, puertos y aeropuertos respecto del cumplimiento de las normas fitosanitarias y de seguridad de los productos. En relación con el sistema financiero, es evidente la necesidad de un mayor control y supervisión del mismo que evite situaciones conflictivas como las generadas con las preferentes o las cláusulas suelo.
– Mejora de los organismos de representación y reclamación: apoyo y fomento de las asociaciones de consumidores en atención al mandato constitucional contenido en el artículo 51 de nuestra Carta Magna mediante el establecimiento de unas directrices comunes y homogéneas entre todas las administraciones públicas que diseñen y publiquen convocatorias de ayudas públicas para el desarrollo de proyectos dirigidos a los consumidores. También hay que dotar al Consejo de Consumidores y Usuarios de los medios personales y técnicos necesarios para una adecuada ejecución de sus funciones y el reconocimiento de su personalidad jurídica propia como instrumento necesario para el acometimiento de acciones de defensa de los consumidores. Se debe profundizar en los medios extrajudiciales de resolución de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo. Para ello hay que adherir al mismo a todas las empresas públicas y a las que hayan recibido algún tipo de ayuda o subvención.
– Tutela judicial de los ciudadanos: se necesitan cambios importantes para garantizar una protección eficaz de los intereses colectivos de los consumidores. En este sentido hay que introducir reformas en distintos órdenes jurisdiccionales y legislativos, encaminados a facilitar el ejercicio de la tutela judicial efectiva de los consumidores. Es fundamental crear un fondo para litigar, tutelado por la administración pública, que tenga como finalidad atender los gastos que genere el ejercicio de las acciones colectivas a las asociaciones de consumidores. Hay que garantizar el reconocimiento expreso de la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas para el ejercicio de la acusación particular en defensa de los intereses generales de los consumidores.
– Educación en consumo: CECU defiende la incorporación a la enseñanza reglada de la educación para el consumo desde las primeras etapas educativas y la introducción en los estudios universitarios de especialidades que aborden la problemática del consumo. Igualmente, CECU considera importante que existan programas de consumo en los medios de comunicación públicos, con acceso y participación en los mismos de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas.
– Fomentar un nuevo modelo de consumo: incorporar y promover el concepto de consumo responsable a la legislación actual y establecer el consumo sostenible como un derecho “básico de los consumidores”. Hay que potenciar el comercio justo, ecológico y de cercanía y es imprescindible dar un impulso definitivo a las energías renovables y suprimir las subvenciones a los combustibles sucios. Profundización en la economía colaborativa.
CECU viene desarrollando a lo largo de este año, bajo la subvención de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
