Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) pedimos al Gobierno que retire el artículo incluido en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal que permite a los partidos políticos crear bases de datos relativas a opiniones políticas para realizar publicidad electoral personalizada sin consentimiento expreso de los ciudadanos.
El problema no es solo que se pueda realizar publicidad personalizada sin autorización sino que se permite recopilar información por toda la red sobre la ideología de los votantes para elaborar bases de datos sin su consentimiento, bases de datos que el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe expresamente (art. 9.1 del RGPD):
Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.
El Congreso ha dado el consentimiento por todos los ciudadanos sin consultar ni informar a los interesados.
Pero además, una vez finalizada la campaña electoral, ¿quién va controlar qué se hace con esos datos o a quién se facilitan? ¿Quién y cómo se garantizará que esas bases de datos elaboradas por la empresas contratadas al efecto no harán un uso ilícito de las mismas?
La creación de tales bases de datos no puede tener más que consecuencias negativas para los ciudadanos, pero, en todo caso, exigimos que la creación de las mismas sea a partir del consentimiento expreso e informado de cada ciudadano. Y, en caso de que el artículo se apruebe, pedimos a los partidos que, por ética política, se abstengan de realizar esas bases de datos.
