- El proyecto de requisitos de diseño ecológico para teléfonos inteligentes y tabletas se vota en Bruselas este próximo jueves y no prevé incluir las demandas de organizaciones de consumo y del movimiento europeo por el derecho a reparar
- Amigos de la Tierra y CECU hacemos públicos los resultados de una encuesta que muestra que el 72,8% de la población española ve muy útil una etiqueta de reparación a la hora de comprar aparatos electrónicos
Este jueves 17 de noviembre un comité técnico compuesto por expertos nacionales se reunirá en Bruselas y votará nuevos requisitos de diseño ecológico para teléfonos inteligentes y tabletas. Se trata de una normativa central para garantizar la reparabilidad de esta gama de productos. Amigos de la Tierra y CECU pedimos a la Comisión Europea que el nuevo Reglamento contemple el derecho a reparar con lo que se evitaría así el despilfarro de materiales para la fabricación de nuevos productos.
El texto no ha incluido las propuestas presentadas por el movimiento europeo por el derecho a reparar (Right to Repair) ni las de las organizaciones ambientales ni de consumo y está lejos del nivel de ambición que se necesita para obtener un verdadero derecho a reparar que atienda las peticiones de las personas consumidoras.
En concreto, los resultados de una encuesta realizada por Amigos de la Tierra y CECU a 1.011 personas con el objetivo de explorar las conductas de la población española a la hora de reparar objetos, muestran que el 72,8% usaría una futura etiqueta de reparación para decidir si comprar un aparato electrónico y un 67,4% para la compra de ropa. Más de la mitad de las personas encuestadas piden que el etiquetado incluya “el coste de reparación” (59,9%) y “que el producto mantenga sus propiedades una vez reparado” (43,8%). Además, también piden que debe incluir “la dificultad para conseguir piezas para la reparación” (43,6%).
El coste de la reparación es un tema que preocupa particularmente a las personas entrevistadas, es lo primero que piden a una posible etiqueta de reparación. Para que dicha etiqueta sea realmente eficaz, una gran mayoría considera que debería ser bien visible (91,9%) y obligatoria para todos los productos (89,7%). Además, debería haber controles sobre su uso efectivo por parte de las empresas (88,5%) e incluir fuertes sanciones por incumplimiento (84,9%). Las personas encuentran un fuerte impedimento en el costo de las reparaciones y en la falta de información que les permita conocer la reparabilidad de los productos. Las personas consumidoras necesitan que las instituciones públicas apoyen estas demandas a través de la obligatoriedad, la vigilancia y las sanciones a las empresas que incumplan los criterios.
La encuesta constata el creciente interés de la ciudadanía por conservar y reparar electrodomésticos, ropa y aparatos electrónicos. En concreto, el 88,3% de las personas afirma conservar sus objetos durante mucho tiempo. Sin embargo, al preguntar por la práctica y el grado de reemplazo de los objetos, un porcentaje elevado de la muestra ha declarado comprar prendas (56,6%), aparatos electrónicos (51,9%) y electrodomésticos (47,9%) nuevos si se les estropean los que tienen. Esta aparente contradicción se explica por el esfuerzo económico y la inversión de tiempo que a día de hoy sigue suponiendo la reparación.
El derecho a reparar de las personas consumidoras se obstaculiza por el elevado esfuerzo que les supone reparar: el alto precio de las reparaciones junto con la imposibilidad de encontrar piezas de recambio y la falta de información, hace más rentable comprar un producto nuevo que repararlo.
La Comisión Europea pasa por alto las principales necesidades de la población para un verdadero Derecho a reparar
Dado que la mayoría de los productos son cada vez más difíciles de arreglar, las personas consumidoras se ven obligadas a entrar en una espiral de consumo que daña su economía y al planeta. Ante la emergencia ecosocial que atravesamos, urge poner fin a esta situación que solo sale rentable a los grandes fabricantes. Es indispensable que la Comisión Europea y el Gobierno español tomen medidas efectivas para garantizar el Derecho a reparar. Y, en concreto, que atiendan las siguientes demandas para que la reparación sea accesible, asequible y generalizada:
- Los criterios del índice de reparación tienen que tener en cuenta el precio de las piezas de repuesto. Es un factor clave para determinar las opciones de los usuarios entre reparar o reemplazar un teléfono inteligente. Omitirlo de un índice de reparación europeo lo hace completamente ineficiente para su propósito.
- Los nuevos requisitos de ecodiseño tienen que impedir que los fabricantes puedan bloquear la reparación a través del software mediante el emparejamiento de piezas. El emparejamiento de piezas se usa para controlar quién puede y quién no puede realizar ciertos tipos de reparaciones. Es posible gracias a la serialización de repuestos. Algunas partes tienen un número de serie único, que los fabricantes asocian a una unidad individual de un dispositivo mediante software. Si alguna de estas piezas necesita reemplazarse durante una reparación, es posible que no se acepten o pierdan parte de su funcionalidad. El borrador actual permite que esta práctica continúe.
- La propuesta actual dificulta injustificadamente la reparación tanto para los profesionales como para los usuarios y colectivos de reparación comunitaria. Las normas obligarán a los fabricantes a poner a disposición de los reparadores profesionales una lista específica de repuestos. La lista es mucho más corta en el caso de los usuarios finales y los colectivos de reparación comunitaria (como los Repair Cafés). Esta distinción es puramente discriminatoria y se basa en cuestiones de seguridad sin fundamento. La gama de reparaciones realizadas por los usuarios finales en los Repair Cafés es amplia y requiere acceso a las mismas piezas de repuesto que utilizan los reparadores profesionales.
- Las reglas que prevé el proyecto son inconsistentes y no otorgarán un verdadero derecho de reparación de 7 años. Los proyectos de reglas tienen disposiciones inconsistentes. Por ejemplo, establecen que los usuarios y profesionales deben tener acceso a la información de reparación y mantenimiento durante 7 años. Pero otros requisitos, como repuestos, software y actualizaciones de seguridad, están asegurados por un período de tiempo más corto. Esto dará lugar a situaciones en las que los usuarios finales y los reparadores profesionales puedan tener acceso a la información de reparación, pero no a las piezas de repuesto necesarias para realizar las operaciones de reparación ni a las actualizaciones de seguridad para mantener los dispositivos.
El presente contenido forma parte del proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de CECU,2022
