- Entre las propuestas de CECU destaca también la vigilancia en los procesos de certificación energética para evitar irregularidades en su uso, como las denunciadas por la organización el pasado mes.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha enviado sus aportaciones para la consulta pública para la elaboración del Plan Nacional de Renovación de Edificios, que supone una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización del parque edificado, la reducción de emisiones asociadas a este y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Para la organización, este documento debe abordar esta renovación desde una perspectiva de fomento de la transición energética justa, inclusiva y centrada en las personas. Para ello, propone que se prioricen las edificaciones con peor eficiencia energética, se faciliten las actuaciones a los hogares vulnerables y se incluya el objetivo de cero emisiones en el sector para 2050, entre otras medidas.
Este plan responde a la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de Edificios, que obliga a los Estados miembros a establecer estrategias nacionales a largo plazo para la renovación energética de los edificios residenciales y no residenciales; y recoge el testigo de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), que constituyó un gran paso para apuntalar el proyecto de rehabilitación del parque edificado de nuestro país.
A continuación, se detallan las principales propuestas enviadas por CECU a la consulta pública:
- Vigilancia de los procesos de certificación energética para evitar irregularidades en su uso, como las detectadas por CECU, a partir de las que la organización denunció a Idealista, Fotocasa y Alquiler Seguro, de modo que se garantice la información veraz y fiable sobre las condiciones energéticas de las viviendas tanto a la administración como a las personas consumidoras.
- Priorizar la renovación de los edificios situados en barrios vulnerables o con una alta tasa de población en riesgo de exclusión.
- Crear un fondo económico específico para la rehabilitación exprés de viviendas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad, que permita la implementación de medidas de bajo coste y rápida ejecución, con el objetivo de paliar situaciones habitacionales críticas.
- Ofrecer formaciones a instaladores acreditadas por organismos públicos para que aporten seguridad a las personas consumidoras a la hora de su contratación.
- Prohibir la subida de precio de las viviendas en alquiler rehabilitadas con fondos públicos, para evitar que las ayudas a la rehabilitación fomenten procesos de gentrificación o desahucios.
- Simplificar los trámites de las ayudas a la rehabilitación e implementar un lenguaje claro y accesible en su comunicación, de forma que se combata el desconocimiento sobre la existencia de estos recursos y se incentive su solicitud por parte de hogares en situación de vulnerabilidad.
- Tener en cuenta el gasto en energía como parte de la proporción de ingresos familiares destinados al acceso a la vivienda. Cualquier hogar que destine más del 30% de sus ingresos en su alquiler o hipoteca más sus facturas energéticas debería ser destinatario de las ayudas de pobreza energética.
