- La puesta a disposición de viviendas vacías para alquiler público, el desarrollo de un régimen sancionador que supervise el cumplimiento de la Ley de Vivienda o el límite a la subida de precios del alquiler son algunos de los objetivos prioritarios que deben incluirse
Tras la formación del nuevo Gobierno, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU traslada a Isabel Rodríguez, recién nombrada ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la urgencia de desarrollar una política de vivienda valiente que haga frente al vertiginoso incremento en los precios del mercado inmobiliario, el consecuente empobrecimiento de las personas inquilinas, ponga freno a la especulación y garantice el acceso universal a la vivienda. Para ello, propone las siguientes medidas:
- Ejecutar en esta legislatura el aumento al 20% del parque público de vivienda para alquiler asequible y priorizar la movilización del parque de vivienda vacía y el de propiedad de la Sareb. Estudiar la aplicación de una moratoria en la construcción de nueva vivienda hasta la erradicación de las viviendas vacías.
- Desarrollar de manera urgente un régimen sancionador ligado a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y modificarla con el fin de reducir el número de viviendas en la consideración de gran tenedor.
- Limitar el aumento del precio del alquiler sin que haya cambios materiales en la vivienda que justifiquen la subida de precio, y prohibir la subida de alquileres de aquellas viviendas que hayan sido rehabilitadas con dinero público.
- Prohibir los desahucios sin solución habitacional y los cortes de luz y de agua, incluso en situaciones irregulares.
- Obligar a las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) a poner a disposición gran parte de su cartera de viviendas para alquiler social o alquiler por debajo del precio de mercado.
- Eliminar los beneficios fiscales a los propietarios de viviendas, salvo la vivienda habitual, especialmente a los Fondos de Inversión, SOCIMIS y otros grandes tenedores.
Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda de CECU, afirma que “estas políticas deben ir acompañadas de una transformación en la concepción social de la vivienda, en la que se deje de plantear esta como una forma de beneficio económico y se conciba como un medio que fomente el sustento y el desarrollo de la vida y el bienestar de la población.”
Para ello, se propone también incentivar el alquiler de viviendas a menos de 15 minutos en transporte público del lugar de trabajo para facilitar la conciliación, mejorar las condiciones de vida y conseguir estar alineados con el objetivo de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se debe ejecutar además una distribución equitativa de espacios verdes cercanos a la vivienda para salvaguardar el derecho a la naturaleza.
Por último, es necesario desarrollar una política de rehabilitación energética que no solo incluya, sino que priorice a las personas en situación de vulnerabilidad y asegure unas condiciones básicas de habitabilidad y salud en todos los hogares.
