- La Federación de Consumidores y Usuarios CECU reclama la necesidad de una legislación que prohíba los desahucios y cortes de suministros de personas en situación de vulnerabilidad de manera permanente.
Hoy el Congreso de los Diputados ha tumbado la validación del Real Decreto que mantenía la prohibición de corte de suministros y de desahucios a personas consumidoras vulnerables. Los grupos parlamentarios del PP, VOX, Junts y UPN han votado en contra, dejando desamparados a 70.000 familias que podrán ser desahuciadas sin alternativa habitacional y a los miles de hogares que no tienen la posibilidad de hacer frente a las facturas de suministros. A partir de mañana, las personas consumidoras se enfrentarán a una situación de urgencia ante la cual no podrán recurrir al amparo de las instituciones.
70.000 familias ante una oleada de desahucios
La no convalidación de la moratoria supone que, a partir de mañana, se reactivarán los procedimientos de desahucio que estaban paralizados desde 2020 como medida de urgencia frente a la pandemia y la crisis de vivienda. A esta situación se le sumarán nuevos procedimientos que pueden comenzar a lo largo del año y la renovación de más de medio millón de contratos de arrendamientos que finalizan en 2026.
“Sin las medidas de protección que hoy han decaído en el Congreso, se va a ver agudizada la crisis de vivienda que atraviesa el país. Reclamamos medidas estructurales de carácter urgente que den respuesta a esta situación”, reclama Eloy Gutiérrez, técnico del área de vivienda de CECU.
Ante la falta de validación del Real Decreto, las organizaciones de la sociedad civil reclaman una propuesta legislativa más ambiciosa que aborde la prohibición de los desahucios, reduzca por ley los alquileres y regule los contratos de arrendamientos de habitación y de temporada.
Fin de la prohibición de cortes de suministros
La caída de este Real Decreto supone también el fin de la prohibición de cortes de suministros por impago, que protegía a miles de hogares en situación de pobreza energética que no pueden permitirse hacer frente a las facturas de agua o energía. A pesar de que esta prohibición está también vigente desde 2020, durante este tiempo las grandes compañías energéticas han seguido obteniendo miles de millones de beneficios.
Ante esta situación, CECU insiste en la necesidad de aprobar medidas estructurales que garanticen el acceso a derechos tan básicos como el agua y la energía a toda la población. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aún pendiente de publicación, supondría una oportunidad para incluir este tipo de protección a las personas consumidoras vulnerables. “Esperamos que la nueva estrategia haga permanente la prohibición de cortes de suministros, incluyendo el principio de precaución cuando el motivo del impago sea el nivel de renta”, añade Gutiérrez.
