Por una política energética y una agenda climática en interés de la mayoría social
La ciencia evidencia, prácticamente a diario, que estamos viviendo una emergencia climática. Y así lo reconoció el Gobierno de España el pasado 21 de enero de 2020.
Nuestro sistema socioeconómico, con una alta tasa de consumo de recursos naturales y con el intenso uso energético de combustibles fósiles, no ha parado de liberar a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) desde la primera Revolución Industrial hasta la actualidad. No hace falta irse lejos para encontrar el foco principal de tal consumo desaforado y la mayor tasa de emisiones. La situación es especialmente grave en las ciudades. Estas albergan el 55% de la población mundial, demandan el 75% de toda la energía producida y generan el 80% de toda la contaminación. Las consecuencias de dicha contaminación, más específicamente por la utilización de combustible diésel, es la mala calidad del aire de nuestras ciudades que, entre otros efectos, y según la Agencia Europea de Medioambiente, causó más de 34.000 muertes prematuras en 2016 en España, principalmente por la concentración de óxidos de nitrógeno (NO₂) y de partículas de menos de 2,5 micras . Hacer frente a esta situación requiere cambios urgentes, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos del sistema socioeconómico actual.
El informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicado en octubre de 2018, puso el dedo en la llaga al señalar que es preciso ir mucho más allá de los 2⁰C del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a como mucho 1,5⁰C. El IPCC advirtió, además, que, de seguir al ritmo actual de emisiones, la barrera del 1,5ºC se superará entre 2030 y 2050, por lo que evitarlo, “requerirá cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”.
En el Estado Español, estos cambios rápidos sugeridos no aparecen recogidos en los documentos del Marco Estratégico de Energía y Clima. Tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética contemplan objetivos de reducción de emisiones del 20/23% para 2030 respecto de los niveles de 1990. Si nos fijamos en la Unión Europea, este mismo objetivo es del 60%, según votó recientemente el Parlamento Europeo en octubre y confirmó la Comisión Europea recientemente. Avanzar con extrema lentitud es lo mismo que estar detenidos e inmóviles ante los grandes cambios tecnológicos e innovaciones que están creando una disrupción 1 en el modelo energético. Uno de estos es la caída de costes de la fotovoltaica, que ha tirado la puerta abajo en el sistema eléctrico español, reduciendo el precio de la energía y, junto con la subida de los derechos de emisiones de CO2, ha relegado a la antigua joya de la corona energética, el carbón, a mero observador.
Pasos firmes hacia la descarbonización
El 14 de diciembre de 2019 marcó un hito histórico: fue el primer día en el que la generación eléctrica en la península fue posible sin la quema de carbón. Durante todo 2019, el carbón tuvo una aportación residual del 5 % del total de generación, la menor participación de esta tecnología desde que existen registros en Red Eléctrica.
El pasado mes de julio, la compañía eléctrica portuguesa EDP anunció el cierre de las centrales térmicas de Aboño y Soto de Ribera (ambas en Asturias) lo que supone el final de la quema de carbón en España para la obtención de electricidad. A falta de una mayor concreción y planificación en la fecha de cierre, en estos momentos todas las centrales térmicas de carbón están ya en proceso de cierre y podrían estarlo de facto antes de 2025, tal y como numerosos actores económicos, políticos y sociales -las organizaciones ecologistas entre ellos- llevan décadas reclamando. Esto mismo demandamos también para las nucleares, exiguas de utilidad por su peligrosidad y por no ser competitivas económicamente ante las renovables en la transición energética actual.
En un contexto de cambio de modelo debido a los compromisos adquiridos en la Cumbre de París (COP21), las energías renovables han ido ganando cuota en el mix energético español. En 2019, las renovables representaban ya el 49,3 % del total del parque generador de energía eléctrica en nuestro país, y el 36,8 % de toda la electricidad generada ese año. Las centrales de ciclo combinado, con un 21,9 % del total, fueron la segunda tecnología (después del conjunto de renovables) que más aportó el año pasado al mix de generación, seguidas de la nuclear (21,2 %) y la cogeneración (11,4 %). La tecnología, como comprobamos día a día, ya está preparada ante el reto del cambio de modelo, pero, lamentablemente, los obstáculos vienen por otro lado.
¿Quién está al volante realmente de la transición energética y la agenda climática?
Uno de los mayores escollos con que nos encontramos a la hora de alinear el sector energético y eléctrico con los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, son los conflictos de intereses que derivan de la dupla poder político y poder económico. Esto es, el sector público contra el privado. Las puertas giratorias, una realidad sobrevenida y ampliamente comprobada, permiten transitar sin problema entre los despachos de los diversos ministerios hasta los consejos de administración de las grandes empresas, sin olvidar que este tipo de favores bilaterales empiezan mucho antes de llegar a lo más alto del nivel administrativo. Este mecanismo, que las principales fuerzas políticas han normalizado y alimentado a lo largo de los años, genera una pérdida de credibilidad en la democracia representativa y el poder ejecutivo, cultivando la inmoralidad política y la pugna de intereses en los sectores regulados a los que afecta, y mucho, la legislación que se discute en el Parlamento.
Otro de los obstáculos con que nos encontramos dentro del ámbito energético, es la operación y propiedad de las redes de transporte de gas natural, a cargo de Enagás, activo refugio de grandes fondos de inversión que obliga a dar rentabilidad, a través de dividendo, a sus accionistas. Si nos vamos a la operación y propiedad de las redes de transporte de energía eléctrica, vemos que el mismo patrón es recurrente en la empresa Red Eléctrica de España: todos los altos directivos son ex altos cargos de un amplio espectro político. Esto se agrava, más si cabe, cuando ambas están en el ámbito de la gestión pública, aunque la mayor parte del capital y su gestión del día a día se encuentren en manos del sector privado y sus decisiones sean meramente empresariales, olvidándose de la mejora del servicio a la ciudadanía y basándose en maximizar sus magnitudes económicas, su cotización y la retribución de sus ejecutivos.
Serían innumerables los ejemplos de expolíticos (expresidentes, exministros, exsecretarios y exdirectores generales) de los grandes partidos representados en el Congreso de los Diputados que han acabado en los Consejos de Administración de estas y otras grandes empresas que cotizan en el IBEX.
En materia legislativa, cuando la frontera entre lo público y lo privado se desdibuja, surgen los conflictos de intereses y la devolución de “favores”, en ocasiones llegando directamente a la prevaricación o la corrupción. Este “intercambio de cromos” es una práctica común entre empresas y gobiernos cuando las puertas giratorias y el poder empresarial han permitido que el marco legislativo y regulatorio en materia de energía se haya diseñado para el interés del monopolio energético, ese puñado de empresas del sector energético y eléctrico que gobiernan en la sombra y son determinantes en la toma de algunas decisiones fundamentales para la ciudadanía y para el medio ambiente.
Las partidas y costes fijos de la tarifa eléctrica son la representación perfecta de ello, más pensadas en la retribución a las inversiones acometidas por estas grandes empresas que en fomentar el consumo responsable por parte de la ciudadanía. Esta ha aumentado hasta representar el 60% de la tarifa eléctrica, dejando en un 40% a la parte variable, es decir, la energía que consumimos y, por tanto, aquella más expuesta al ahorro energético a través de la eficiencia, la rehabilitación y el autoconsumo. Un comportamiento explícito que nos encontramos en un sistema eléctrico tan opaco como ajeno a los ciudadanos, en el que la configuración de sus tarifas sirve para establecer políticas industriales, territoriales o, incluso, de defensa de intereses eminentemente económicos.
Si bien es cierto que cada persona es libre de trabajar donde desee, el desempeño de funciones públicas debe tener una serie de restricciones establecidas bajo criterios enmarcados y destinados a proteger el interés colectivo. Es decir, en una mejora del bienestar social y desarrollo económico sostenible y ético. En especial, cuando el trasvase de exresponsables políticos al mundo empresarial se produce a compañías con control regulatorio, como las eléctricas, en las que las decisiones políticas ejercen un importante impacto en sus intereses y en su cuenta de resultados, pero además afectan al interés público; es decir, a las personas y el medioambiente.
Por eso es urgente modificar la Ley de Incompatibilidades y revisar los organismos de control independientes, para impedir que personas que ejercen altos cargos de responsabilidad en las grandes empresas energéticas puedan ejercerlos posteriormente en la Administración pública y viceversa. La realidad es que los organismos se han convertido en un instrumento de lucha política, sobre todo cuando se produce alternancia en el Gobierno, fiel reflejo de las disputas políticas de cada momento. La desidia programada de estos organismos y empresas es fiel reflejo de que la política pública no está aplicada a su finalidad, que es trabajar en el interés social de todos y no hacer de comparsa de intereses económicos del sector que convenga. En cierta manera, que se controle y no haya “intercambio de cromos” en las altas esferas políticas y económicas.
La importancia dar voz a los “Sin cromos”
Resulta imprescindible asegurar la independencia total de los órganos reguladores, así como la separación completa de las empresas y grupos que están integradas verticalmente en el sistema eléctrico, realizando actividades energéticas reguladas como transporte y distribución, por un lado, y las que hacen actividades liberalizadas como generación y comercialización, por otro. Democratizar el sistema energético conlleva permitir la entrada y la diversificación del tipo y tamaño de nuevos actores, siendo esencial aplicar medidas efectivas que acaben con el control oligopólico de toda la cadena de valor.
Alcanzar este objetivo no será posible si no hacemos de la transparencia y la buena gobernanza las bases de gestión y relación para superar el monopolio actual del sistema, siendo necesaria la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía, con principios de actuación como la apertura en la toma de decisiones, la participación o el diálogo social.
Existe un amplio tejido social, autodenominado los “sin cromos”, entre los que nos encontramos, que no tiene nada que ganar ni repartir en el contexto descrito anteriormente. Nuestra opinión, nuestra voz y nuestras propuestas están pensadas para el bien general, por el interés común y social, siendo el necesario contrapeso en la balanza del poder, sea este público o privado. No podemos ofrecer nada a cambio, ni nos llevamos nada. Lo que proponemos beneficia a la mayoría, a la colectividad y al planeta. No cobramos de sectores o empresas concretas. No hay un toma y daca, no tenemos cromos para intercambiar.
Pero parece que nuestro valor intrínseco de actuación solo es explícito en épocas electorales, cuando todos los partidos abogan por una apuesta de futuro verde y desarrollo sostenible en busca de votos. Por ello es tan importante que las instituciones, ONGs y asociaciones sociales/sectoriales sigan manteniendo su independencia y aumentando su presencia en la toma de decisiones políticas, teniendo en cuenta su argumentario y propuestas de una manera continua y no alterna.
La energía es un derecho y como tal ha de considerarse. No solo en el sentido de garantizar el acceso a este bien, sino también desde el de la inclusión y participación en la toma de decisiones estratégicas sobre hacia dónde ha de orientarse un sector clave para el bienestar de la sociedad. Para que esto ocurra no solo es imprescindible que se tomen las decisiones políticas necesarias para impulsar este cambio, sino también que todas las 4 personas puedan participar en el esfuerzo de ponerlo en práctica de una manera colectiva e integradora.
En este sentido, las energías renovables ofrecen energía de cercanía, distribuida y local, permitiendo la disminución de la dependencia energética externa que nos lastra desde hace años, importando gas y petróleo de países con los que, a conveniencia comercial, debemos mantener una buena relación pese a que muchos no son regímenes democráticos. Es el momento de promover alternativas locales, sostenibles, resilientes y que generen bienestar. Es decir, empezar a considerar la energía como un derecho y un bien de primera necesidad, alejándola de la percepción histórica y actual de un mero vector económico y generador de ingresos. Un consumo para que las personas continúen priorizando sus necesidades básicas y puedan tomar decisiones sostenibles, por sí mismas, y de una manera más independiente y segura. La ciudadanía debe empoderarse, siendo consciente de su consumo y adquiriendo un papel activo, siendo fundamental para ello la creación de un marco legislativo propicio para llevarlo a cabo.
Demandas
Por todo lo anterior, las organizaciones sociales firmantes del presente manifiesto demandan:
El establecimiento de un Comité de Expertos u órgano científico independiente y no vinculado a empresas del sector energético que informe y asesore a las instituciones europeas y nacionales a la hora de diseñar y evaluar los planes y políticas, así como sugerir la revisión de aquella legislación que ponga en peligro los objetivos de descarbonización.
La modificación de la Ley de Incompatibilidades (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y actualizaciones posteriores) y revisar los organismos de control independientes, para impedir que personas que ejercen altos cargos de responsabilidad en las grandes empresas energéticas puedan ejercerlos posteriormente en la Administración pública, y viceversa.
La creación o refuerzo de organismos de control o reguladores independientes, al servicio del interés público, que no estén compuestos por las propias empresas reguladas ni condicionados por ellas, y tengan capacidad reguladora y sancionadora y dotados de los recursos necesarios, con especial atención en el área jurídica.
Un aumento de transparencia tanto del Gobierno como de empresas consideradas dentro del ámbito de la gestión pública, creando un portal abierto de transparencia institucional donde la ciudadanía pueda acceder libremente y ser consciente de las agendas, las reuniones y la elaboración de todas las normas jurídicas que tengan un marcado impacto en la lucha contra el cambio climático.
Evitar la formación de monopolios u oligopolios y forzar la desaparición de los existentes:
Regulando por ley que ninguna empresa (o empresas de un mismo grupo empresarial) pueda controlar una amplia cuota de mercado en sectores regulados.
Obligando a una separación horizontal completa de la propiedad, que impida que las mismas empresas (o las pertenecientes a un mismo grupo empresarial) puedan realizar actividades reguladas y no reguladas, empezando por la separación de las que realizan las actividades de generación y distribución en el sector eléctrico.
Regular dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la publicidad engañosa, desleal y no verificable por parte del sector de los combustibles fósiles, así como la prohibición del patrocinio de eventos de carácter público por parte de estas empresas.
Modificar la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y modificación del 28 de marzo de 2014) en materia de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto invernadero, para evitar la publicidad ilícita y, en concreto, la engañosa y desleal, de la misma forma que se hizo con los sectores de bebidas alcohólicas, tabaco o la dirigida a menores de edad.
Los Fondos Next Generation de la UE deben ser destinados a proyectos que hayan sido declarados elegibles previamente por el Gobierno, bajo unas condiciones estrictas de sostenibilidad, replicabilidad, innovación, digitalización, soporte para PYMES, inclusivos y cuya ejecución repercuta favorablemente socialmente en los consumidores. Una ausencia de criterios de selección puede provocar que los fondos acaben en proyectos megalíticos de las grandes corporaciones.
4 de diciembre de 2020
