La Plataforma por la Justicia Fiscal denuncia esa inaceptable realidad que empeora por los recortes sociales de los últimos años, que se suma a la incesante reducción de salarios. Aprobar un techo de gasto de las comunidades autónomas, como pretende el gobierno en funciones del Partido Popular, para mantener el objetivo de déficit, no preserva el estado de bienestar, sino todo lo contrario.
Para reducir el déficit no hay milagros: se recortan gastos o aumentan los ingresos. Y lo sabido hasta hoy demuestra que no es posible un estado de bienestar que merezca tal nombre con recortes de presupuestos sociales y sin aumentar la recaudación de Estado con una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.
España gasta menos porcentaje del PIB en partidas sociales que el resto de la UE, salvo las prestaciones por desempleo. La deuda disparada, que aumento del 35% del PIB en 2007 al 100% actual, es la causa de que el pago de sus intereses sea 36% superior al de la Unión Europea. Sin contar pago de intereses y subvención del desempleo, el gasto total de España es algo más del 38% del PIB, con un gasto inferior en sanidad, educación y otras partidas de protección social que en buena medida afrontan los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
Se oye con frecuencia que se pagan muchos impuestos en España. Se quejan de presión fiscal excesiva quienes más ganan y atesoran. Recordemos que presión fiscal es el porcentaje de los ingresos que individuos y empresas pagan al Estado por impuestos respecto al Producto Interior Bruto (PIB) de un año. Pues bien, contra el rumor existente, la realidad muestra que la presión fiscal de los españoles, ricos sobre todo, pero también de empresas que eluden sus impuestos en nuestro país, es bastante menor que la de la Unión Europea. En 2014, último año con datos contrastados, la sociedad española tiene una presión fiscal de poco más del 34% del PIB; casi seis puntos menos que la media de la UE. Mucho menos que Dinamarca (50,8 %), Bélgica y Francia (47,9 %), Finlandia (44%), Austria (43,8%), Suecia (43,7 %,) o Alemania (39,5%) donde se goza de mejores prestaciones y su nivel de vida es mejor.
La Plataforma por la Justicia Fiscal insiste en que la reducción del déficit no es admisible cuando supone recortar inversiones y gastos sociales que aseguran el ejercicio y respeto de los derechos humanos de la ciudadanía.
