La semana pasada se aprobó en el Congreso el RDL 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Un real decreto ley con 80 medidas y 143 páginas que incorpora muchas de las que no pudieron salir adelante en enero con el RDL 16/2025, especialmente en materia energética y tributaria. Se movilizarán 5.000 millones de euros, con medidas tanto de respuesta inmediata como de carácter estructural a largo plazo.
Desde CECU valoramos positivamente muchas de las medidas incluidas, pero consideramos necesario señalar sus limitaciones —especialmente en lo que respecta a la protección de los hogares con menos recursos y a los objetivos de descarbonización.
Consumidores vulnerables
El decreto amplía los descuentos del bono social eléctrico: un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. También se aumenta la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico —gestionado por las Comunidades Autónomas— y se amplía hasta fin de año la prohibición de corte de suministros de agua y energía por impago a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Asimismo, se congela el precio máximo del butano y el propano.
Medidas tributarias: alivio generalizado con efectos desiguales
La reducción del IVA del 21% al 10% para todos los suministros energéticos —electricidad, gas natural, pellets, carburantes— hasta el 30 de junio puede parecer una medida de alivio, pero tiene un efecto regresivo: beneficia proporcionalmente más a quienes más consumen y más gastan. En un país donde el 9,5% de los hogares no llega a los 1.000 euros netos al mes y el 7% supera los 5.000, no se debería aplicar la misma rebaja a todos. Sin un mecanismo que distinga por nivel de renta, los que menos tienen se llevan la parte más pequeña del beneficio.
También se reduce el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) del 5,11% al 0,5% y se elimina progresivamente el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) entre enero y junio de 2026. Estas reducciones tienen sentido como medida coyuntural, pero si se quiere que sean parte de una estrategia estructural, deberían aplicarse de forma permanente y exclusiva a la producción renovable.
Mantener —o incluso aumentar— los gravámenes a la energía generada con combustibles fósiles enviaría una señal clara hacia la descarbonización y favorecería la entrada de más capacidad renovable en el mix energético. Eliminar los impuestos indiscriminadamente, en cambio, no orienta la economía hacia ningún modelo energético concreto: solo abarata el presente.
En materia de IRPF, el decreto recupera exenciones e introduce nuevas deducciones por rehabilitación energética, sustitución de calderas fósiles, instalación de autoconsumo renovable y mejora de la eficiencia en viviendas y edificios residenciales, con distintos porcentajes (20%, 40% o 60%) según el tipo de actuación, y con plazos que se extienden hasta 2026 y 2027. Se añaden también bonificaciones de hasta el 50% en el IBI y del 95% en el ICIO para instalaciones de energía solar y aerotermia. Estas medidas apuntan en una dirección concreta y las valoramos favorablemente, pero su alcance dependerá de que los hogares con menos recursos también puedan acceder a ellas. Recordemos que las desgravaciones fiscales solo benefician a hogares con ingresos y cotizaciones al IRPF suficientes como para aprovecharlas y, por tanto, no aplican a aquellos hogares que ni siquiera tienen obligación de hacer la declaración de la renta. En este sentido, en el análisis económico de la hoja de ruta de la descarbonización de la calefacción, la refrigeración y el ACS en España que presentamos recientemente con la Plataforma por la Descarbonización del Calor y el Frío, recogemos herramientas de financiación acordes a los diferentes perfiles socioeconómicos que permitan que la inversión sea asequible para todos los grupos sociales, y que el esfuerzo sea progresivo en función del nivel de ingreso.
Resiliencia del sistema energético
El propio decreto reconoce que «la dependencia de los combustibles fósiles importados constituye una vulnerabilidad estructural de primera magnitud». En esa línea, incluye medidas para mejorar la eficiencia de la red eléctrica, evitar el acaparamiento de accesos, priorizar consumos residenciales y servicios públicos, y promover la inversión en renovables y almacenamiento. Se crea además el Comité de Inversiones Estratégicas, un órgano interministerial para impulsar proyectos que refuercen la autonomía energética del país. Son medidas estructurales necesarias, y su desarrollo efectivo será determinante para que este decreto deje algo más que un alivio temporal en la factura.
Conclusión
Rebajar impuestos a la energía sin distinguir por tecnología ni por renta no es política climática ni política social: es una respuesta de emergencia que trata de paliar subidas de precios para todos por igual. Proteger a quienes más lo necesitan requiere discriminar —en el buen sentido— tanto por nivel de ingresos como por tipo de energía. El decreto da algunos pasos en esa dirección, pero los da a medias.
