El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se celebró el pasado 29 de septiembre. El objetivo marcado por la FAO es “hacer un llamamiento a la acción tanto al sector público (autoridades nacionales o locales) como al sector privado (empresas y particulares)”.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona”, que supone en torno al 60% del total del desperdicio producido. Hay que sumar el desperdicio generado durante la producción, distribución, almacenamiento, transformación, transporte y canales de venta. Además, debemos señalar que, aunque las personas consumidoras sean el eslabón de la cadena que más desperdicio genera, no todo este desperdicio implica necesariamente su responsabilidad: influyen los formatos de venta, los precios, la situación laboral/familiar y económica, etc.
Lo que estos datos sí demuestran es que estamos ante una insostenibilidad de nuestro sistema alimentario que afecta económica, social y ambientalmente. Considerando la implicación que tiene en el aumento del coste de vida la inflación en el precio de los alimentos, que en producción en muchas ocasiones no se consiguen cubrir costes o no se pueden mantener unas condiciones dignas para las personas trabajadoras y que los sistemas alimentarios representan más de un tercio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, es necesario asegurar una cadena alimentaria más sostenible en todo su conjunto. Como sociedad no nos podemos permitir que a nivel mundial se desperdicien alrededor de un tercio de los alimentos que se producen.
Por estos motivos, la prevención del desperdicio alimentario es una de las líneas de trabajo que tiene CECU entre sus objetivos. Durante los últimos meses estamos enfocando nuestros esfuerzos en la propuesta de ley sobre Prevención de Pérdida y Desperdicio Alimentario impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con el objetivo de alcanzar una legislación lo más beneficiosa posible, no solo para las personas consumidoras, sino también para las productoras y la sostenibilidad de la cadena alimentaria, CECU ha realizado aportaciones a los diferentes avances de ley, ha tenido conversaciones con diferentes agentes de la cadena y ha realizado acciones y comunicaciones públicas, tanto de forma individual como formando parte del colectivo #LeySinDesperdicio.
Para alcanzar una solución real de esta problemática debemos conocer qué sucede a lo largo de toda la cadena alimentaria: necesitamos conocer qué se pierde y por qué, para encontrar soluciones. Teniendo en cuenta el papel positivo que está teniendo el Panel de Cuantificación del Desperdicio Alimentario en los Hogares en el conocimiento del nivel de desperdicio que se produce en los hogares españoles, y el comportamiento del consumidor en el ámbito doméstico, en CECU apostamos porque la futura ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario amplíe su alcance a toda la cadena alimentaria:
- El desperdicio alimentario debe abordarse en todas sus etapas, desde la producción hasta su puesta a disposición de los consumidores.
- Centrar las medidas en la donación y en la gestión del desperdicio es insuficiente, no soluciona el problema del desperdicio alimentario, sino que perpetúa los daños medioambientales y no soluciona los problemas de los colectivos vulnerables. La prevención del desperdicio debe ser la prioridad central de esta ley, tal y como su nombre indica.
- Rechazamos que se incluya la posibilidad de vender o donar productos con la fecha de consumo preferente vencida, no puede desplazarse la responsabilidad a las personas consumidoras. A cambio, proponemos que sea obligatorio promover la venta de alimentos con fecha de caducidad y de consumo preferente próxima a cumplirse, en un espacio diferenciado, a un precio menor y con información adecuada para su consumo garantizando la seguridad de las personas consumidoras.
- Deben articularse medidas que permitan a los consumidores actuar contra el desperdicio alimentario, más allá de la información y la concienciación.
- La autorregulación y las buenas prácticas voluntarias no funcionan. Deben establecerse obligaciones mínimas pero suficientes, en colaboración con la sociedad civil, para reducir el desperdicio alimentario.
- Es necesario incorporar plazos de aplicación de la ley, así como garantías de seguimiento de su cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
