El sistema financiero español ha quedado concentrado en un oligopolio de un puñado de bancos privados y la banca pública ha desparecido en la práctica. La exclusión de servicios financieros a los ciudadanos es una de las expresiones más dramáticas de esta realidad. Por ello, desde la Plataforma por una Banca Pública, a la que pertenece CECU, se solicita: la inmediata creación de un Banco Postal como un objetivo prioritario. Recuperar en el ámbito del bien común la existencia de servicios financieros básicos perdidos es una exigencia impostergable. La figura de un Banco Postal facilita una solución urgente al problema sin que ello suponga limitaciones a otras alternativas para el cumplimiento de esta finalidad.
Antecedentes y situación
Los correos, en el siglo XIX, sumaron al servicio tradicional de cartas y paquetería, el ahorro postal y el crédito pignorado como fórmula de ayuda a familias vulnerables que sólo podían acceder al préstamo personal dejando en garantía algún valor personal. Ahí está el origen de los servicios de correos como cajas postales. Las cartillas fueron una extensión documental de los ahorros que las familias vulnerables depositaban en forma sellos o valores pignorados. En esas fechas habían surgido también las cajas de ahorro como una expresión bancaria minorista más completa, de carácter territorial, para ofrecer servicios financieros a los sectores, familias y empresas, más desfavorecidas.
Todo ello ya no existe en España, no quedan casi Cajas de Ahorros, ni tampoco cartillas. La única Banca Pública en España es el Instituto de Crédito Oficial, con funciones financieras complementarias a la actividad económica empresarial y sin ningún tipo de servicios de banca minorista para los ciudadanos. El 17,3% de participación del Estado en Caixabank no está suponiendo una incidencia de carácter público en dicho banco.
Las consecuencias de esta singularidad bancaria española negativa es la exclusión en los servicios financieros y el maltrato en la atención personal bancaria de los ciudadanos de a pie. En España, en comparación con el resto de Europa, apenas se remuneran ni los depósitos ni el ahorro de las familias, cuando la banca está teniendo beneficios extraordinarios de la subida de los tipos de interés de los préstamos otorgados.
La prevista puesta en marcha del dinero digital del BCE exigirá entidades financieras públicas, como el banco postal que proponemos, donde domiciliar estos depósitos.
Objetivos
El enorme desamparo bancario de ciudadanos, familias y pequeñas empresas en España ha convertido la inclusión financiera en una exigencia inmediata, esto es, la de ofrecer servicios bancarios básicos a todos los ciudadanos. Se trata de recuperar el acceso sin trabas a los ingresos y pagos bancarios, a la información directa, al ahorro remunerado, al crédito familiar y accesible para el consumo imprevisto y la vivienda personal. De normalizar el acceso a servicios financieros de las actividades realmente productivas, no especulativas, creadoras de empleos decentes para el emprendimiento, la creatividad y la innovación en pequeñas y medianas empresas. En especial de las entidades de la economía social que la Ley 5/2011 de Economía Social reconoce como tarea de interés general su promoción, estímulo y desarrollo.
Instituciones de peso, entre ellas las Naciones Unidas, el Comité Económico y Social de Unión Europea y la CNMV en España se han pronunciado rotundamente por promover ya las finanzas éticas e inclusivas cómo objetivo para el desarrollo sostenible en un sentido amplio.
Propuesta
Por todo ello, para comenzar a revertir la situación planteada proponemos la creación ya de un Banco Postal minorista[1] con carácter ético y con control social a partir de nuestro actual servicio público de Correos. Los 4.675 puntos de atención y más de 2.370 oficinas de Correos digitalizadas y autorizadas a operar como EDE – Entidades de Dinero Electrónico – permitiría la puesta en marcha casi inmediata de esta Banca Postal y sus correspondientes instrumentos y herramientas, incluso digitales, para cobros, pagos y depósitos minoritas. Dada la peculiaridad de la cobertura de correos, los servicios bancarios minoristas estarían distribuidos por toda la geografía española, y así quedaría mitigada rápidamente uno de los problemas más importantes de la exclusión financiera: la exclusión territorial.
Los servicios financieros básicos tienen el carácter de servicios público porque concurren al bien común y esto condicionará los principios éticos de funcionamiento definitivo de la Banca Postal. La rentabilidad social sin merma de la eficiencia económica, social y ambiental exigirá conformar una estructura de propiedad pública acorde a los objetivos y una forma de gestión descentralizada y participativa.[2]
Plataforma por una Banca Pública
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[1] Esta existió durante casi 80 años y funcionaba en las oficinas de la Administración de Correos, despareció en 1991, ya iniciado el proceso de liquidación de las Cajas de Ahorros españolas.
[2] La estructura de propiedad, gobernanza, gestión operativa, misión financiera, etc, deberá ser objeto de una elaboración de los promotores de esta propuesta de creación de La Banca Postal. Existen en Europa y otros países experiencias similares que pueden servir de modelos de partida: Banco Posta italiano, Banque Postale en Francia, en China, o en Japón.
