- Los problemas económicos y el desconocimiento de las ayudas disponibles son las principales barreras que encuentran las personas consumidoras para generar en sus viviendas la temperatura adecuada para su bienestar, según la nueva encuesta de CECU
- Demandamos, junto a otras organizaciones sociales, una tarifa social de energía para garantizar el derecho al suministro eléctrico frente a la insuficiencia del actual Bono Social
En el contexto actual de crisis energética, económica y social, la pobreza energética, lejos de solucionarse, está aumentando de forma alarmante. Por ello, este año 2023, en el marco de la Semana Europea contra la Pobreza Energética (del 17 al 23 de febrero), desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, volvemos a reivindicar el derecho a un suministro energético asequible y no contaminante para todas las personas, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 establecido por la ONU. Entre otras acciones y demandas (consulta aquí la programación de eventos) hemos constituido un grupo de trabajo para reunir opiniones y consensuar entre las organizaciones participantes cuáles serían las condiciones mínimas que debería tener una tarifa social que haga frente de manera eficaz a la pobreza energética.
El Bono Social es, a día de hoy, la única herramienta de protección para los colectivos más vulnerables, pero es insuficiente. En nuestro país hay 3,5 millones de personas en situación de carencia material y social severa y solo 1.253.538 son beneficiarios de esta ayuda (datos CNMC julio 2022). Uno de los principales motivos de esta falta de cobertura es que coloca la responsabilidad sobre las personas consumidoras, ya que son estas las que deben solicitar la ayuda para poder recibirla. Para muchas personas, realizar este trámite no es nada sencillo: no todas disponen de los medios técnicos para hacerlo, de conexión a internet o de la familiarización con los conceptos necesaria para entender el procedimiento. Además, no interviene en el precio de la energía a pesar de sus alarmantes subidas, sino que pone el foco en el porcentaje de descuentos de los beneficiarios y lo modifica en función de las variaciones del mercado eléctrico. Tampoco pone el foco ni pretende transformar las necesidades energéticas reales de las personas, sino que se limita a aplicar el descuento en la factura, sin ayudar a evitar sobreconsumos. En definitiva, se trata de una medida asistencialista que pone un parche al problema, pero no transforma ni resuelve la situación.
Condiciones mínimas para una tarifa social
La tarifa social debería contener las siguientes características para garantizar el acceso al suministro eléctrico de todas las personas consumidoras vulnerables:
- Debe reconocer el suministro eléctrico como un derecho de todas las personas y garantizar un mínimo vital de energía eléctrica.
- Debe introducirse en el marco de una reforma integral del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros como la justicia social, la redistribución y el cambio climático. Debe ser una medida más dentro del escudo social y permanecer bajo el control de los poderes públicos.
- Debe permitir acceder en equidad de condiciones (que no en igualdad) a un suministro esencial.
- Las condiciones para acceder a ella deben ser sencillas y comprensibles, porque la ciudadanía no tiene porqué entender los tecnicismos del sector.
- Debe incluir de manera prioritaria acciones por parte de la administración pública para la mejora de la eficiencia energética que contribuyan a reducir el consumo.
- Debe ser una herramienta de solución y transformación, no una mera ayuda en forma de descuento.
Garantizar unas condiciones de vida dignas según los estándares de la sociedad actual no es posible sin el uso de la energía, que como suministro esencial debería ser considerado un derecho y un servicio público. La pobreza energética no es culpa de quien la sufre, sino una consecuencia del mal funcionamiento del sistema, que beneficia a las compañías energéticas y perjudica a la ciudadanía. Por ello, exigimos a las administraciones públicas que asuman la responsabilidad política de garantizar el derecho al suministro eléctrico de todas las personas y, para ello, que tengan en cuenta las demandas de las personas consumidoras y de las organizaciones de la sociedad civil y que diseñen herramientas como la tarifa social para hacer realmente efectiva esa cobertura. Con ello, se obtendría un doble beneficio social, porque contribuiría a la integración social de los colectivos más vulnerables y se evitarían problemas como los “enganches ilegales” que muchas personas, a día de hoy, cometen por necesidad.
Consulta el documento para más información.
Informe ‘Acceso a la eficiencia energética de las personas consumidoras en España’
En el marco de la Semana de la Pobreza Energética, publicamos también el informe ‘Acceso a la eficiencia energética de las personas consumidoras en España’, que recoge los resultados de la última encuesta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, realizada a través de la agencia Simple Lógica. Este documento constituye uno de los resultados del trabajo que venimos realizando desde CECU no solo para señalar y visibilizar las causas de la pobreza energética, sino también para proponer soluciones.
El principal objetivo ha sido el de analizar los comportamientos de las personas consumidoras en el uso de energía y detectar los obstáculos o barreras que encuentran para implementar medidas de mejora de la eficiencia energética en los hogares, con especial atención a la población vulnerable.
La encuesta revela que el 43,5% de las personas consumidoras en España sufre vulnerabilidad energética. Esta situación es más grave durante los meses de calor: el 15,2% de las personas encuestadas dice estar descontenta con la temperatura de su hogar en verano, frente al 6,2% en invierno. Los problemas económicos y el desconocimiento son los principales motivos que impiden a las personas consumidoras generar en sus viviendas la temperatura adecuada para su bienestar.
Exigimos a las administraciones públicas que asuman la responsabilidad política de garantizar el derecho al suministro energético de todas las personas y acaben con la pobreza energética. Para ello, no solo deben hacer un mayor esfuerzo de comunicación, accesibilidad y transparencia de las ayudas disponibles para combatir el desconocimiento, sino mejorarlas para que cubran realmente y de manera efectiva las necesidades de todas las personas en situación de vulnerabilidad.
