La Federación de Consumidores y Usuarios CECU valora de forma positiva las medidas incluidas en el nuevo plan que pueden avanzar en la protección de las personas consumidoras vulnerables
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU defiende que la Transición Energética y la eficiencia son el camino para garantizar energía segura, estable y a precios asequibles para todas las personas consumidoras. Una transición hacia un sistema energético más transparente y con mayor participación ciudadana ayudaría a reducir las situaciones de abuso que se producen con el diseño actual del mercado. El gobierno reconoce la protección a las personas más vulnerables como uno de los tres objetivos principales del plan junto a la autonomía energética y la solidaridad con otros Estados miembros de la UE.
Hasta el momento, el gobierno actual ha dado grandes pasos en la transición energética y la protección de las personas consumidoras, pero en general ha habido falta de comunicación efectiva y divulgación que han hecho que no lleguen a las personas que realmente se tendrían que estar beneficiando de esta transición. Además, en ocasiones, ha faltado ambición o concreción. Por el momento, CECU valora de forma positiva las medidas incluidas en el nuevo plan anunciado por el gobierno, en concreto:
- La información y transparencia en las facturas de electricidad es favorable. Es verdad que los datos sobre consumo de las viviendas dependen mucho del tipo de vivienda, la composición familiar o, por ejemplo, si es posible el teletrabajo o no. Pero venimos observando y denunciando que falta información y garantías en materia de eficiencia energética que traslade al usuario el beneficio tanto económico como sobre la salud que obtendrían. Por ello, valoramos que esta medida puede ser un buen primer paso.
- El tope al gas ha sido beneficioso, y es justo que las consumidoras sepamos cuánto estamos ahorrando. Pero no deja de ser una medida temporal y escasa. Necesitamos un sistema mucho más transparente de fijación de precios de la electricidad, para impedir que las grandes compañías ejerciendo su posición de dominio fijen precios muy elevados para tecnologías como la hidroeléctrica.
- En cuanto a los sistemas de calefacción y la tarifa regulada de gas, ofrecer una mayor protección de las personas consumidoras, incluidas las comunidades de vecinos, es necesario y lo celebramos. En una situación de crisis como la actual, no cabe duda de que lo primero es proteger a las familias.
- La misma valoración merece la extensión del bono social de electricidad a trabajadores de bajos ingresos. Pero conviene no olvidar que pese a todas las medidas propuestas por el gobierno hasta la fecha, el bono social sigue sin llegar a alrededor de un 50% de sus potenciales familias beneficiarias.
- La medida anterior no se puede leer separada del objetivo de sustituir las calderas de gas por sistemas de calefacción renovables. Consideramos favorable la propuesta del gobierno en cuanto al avance en los planes de sustitución de estos equipos, junto a las Comunidades Autónomas, para que no se den situaciones como las de la Comunidad de Madrid, donde sigue vigente el Plan Renove para sustituir calderas de gas. Esto es un despropósito tanto desde el punto de vista climático, como desde el punto de vista económico y podría llegar a dañar la confianza de las personas consumidoras cuando dentro de unos años tengan que cambiar a otros sistemas renovables.
- Las recomendaciones de ahorro energético en hogares que se hacen en el nuevo Plan como secar la ropa al aire, o aprovechar la luz del día en general son correctas, aunque obvian la realidad de millones de hogares en España en situación de pobreza energética. Para estos hogares, que ya antes de la crisis no podían mantener la vivienda a una temperatura saludable, no basta con recomendar el cambio a bombillas led o las duchas a 30º. Hace falta un verdadero plan de rehabilitación energética que permita salir del enfoque asistencialista del bono social y habilite a las personas consumidoras más vulnerables para tomar decisiones sobre su consumo energético sin poner en riesgo su salud.
- Consideramos una buena noticia el refuerzo del papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas en la eficiencia y transición a energías renovables con el autoconsumo, pero echamos en falta un objetivo claro de mayor participación pública en la producción de energía.
- En cuanto a la participación ciudadana, el aumento del radio de acción de las comunidades energéticas es una petición histórica de la sociedad civil. Pero sigue faltando el desarrollo legislativo que permita que alcancen todo su potencial.
- Aunque estamos de acuerdo con el objetivo general de fortalecer la solidaridad con otros países de la UE, los mecanismos propuestos en el plan no nos parecen adecuados. Las personas consumidoras en España ya venimos pagando los costes de una infraestructura de gas sobredimensionada y que supone el 50% de nuestra factura. Invertir en infraestructuras como el corredor ibérico del hidrógeno sin conocer cuál va a ser su demanda real ni tener desarrollada la tecnología que lo permita, nos parece que es volver a cometer el mismo error, desviando fondos que podrían ir destinados a implementar eficiencia o el desarrollo de proyectos comunitarios de energía renovable.
En conclusión, desde CECU reconocemos la labor del gobierno en avanzar hacia una mayor protección de las personas consumidoras, que se refuerza además con el anuncio de la retirada de España del Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, hará falta esperar para ver cómo se concretan estas medidas y si realmente ayudan a las familias que más lo necesitan a tener un papel más activo en la transición a un modelo energético eficiente y basado en energías renovables.
